Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la primera ley de su segundo mandato, una medida que otorga a las autoridades migratorias el poder de detener a migrantes indocumentados acusados de delitos menores, como robos en tiendas, antes de que sean condenados. La legislación, conocida como la «Ley Laken Riley», fue promulgada en la Sala Este de la Casa Blanca ante un grupo de invitados, incluidos familiares de la joven cuyo asesinato inspiró esta iniciativa.
Durante la ceremonia, Trump rindió homenaje a Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada en febrero de 2024 en Georgia por un migrante venezolano indocumentado, José Ibarra. Según el presidente, Ibarra, quien residía irregularmente en el país y había sido arrestado previamente por hurto menor, debería haber sido deportado antes de cometer el crimen. “En lugar de ser expulsado, como debería haber ocurrido, fue liberado en EE.UU., al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, pero ya ven lo que estamos haciendo: los estamos sacando de aquí”, afirmó Trump durante su discurso.
La nueva ley, aprobada por ambas cámaras del Congreso con apoyo bipartidista, ha generado controversia entre activistas de derechos civiles y grupos pro-inmigrantes. Estos últimos han criticado la medida por considerarla demasiado drástica, argumentando que podría desencadenar redadas masivas contra personas acusadas de delitos no violentos, como hurtos menores en supermercados. Además, denuncian que elimina garantías fundamentales del debido proceso para los acusados.
Bajo la legislación, los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y se permitirá a los fiscales generales de los estados intervenir en decisiones federales de política migratoria. Entre las nuevas potestades, podrán presionar al Departamento de Estado para restringir visas a ciudadanos de países que no acepten deportaciones desde EE.UU. Según estimaciones de medios locales, implementar la ley requerirá más de 3.000 millones de dólares adicionales y aumentar la capacidad de detención migratoria a más de 60.000 camas.
Trump ha colocado la inmigración en el centro de su agenda política, presionando a agencias gubernamentales para establecer cuotas mínimas de arrestos diarios por agente y elevar la cifra total de detenciones a entre 1.200 y 1.500 al día. En una reciente conferencia con legisladores republicanos en Florida, destacó que esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para combatir “extranjeros criminales” y restaurar el estado de derecho en el país.
La muerte de Laken Riley avivó el debate sobre la inmigración durante las elecciones de noviembre de 2024, en las que Trump derrotó a la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Durante su campaña, el mandatario prometió llevar a cabo las mayores deportaciones en la historia de EE.UU., una promesa que ahora parece estar cumpliendo con esta nueva legislación.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido sobre el impacto humano de la ley, señalando que podría separar familias y criminalizar a personas por infracciones menores. Para muchos, esta medida marca un nuevo capítulo en las políticas migratorias del país, caracterizado por un enfoque cada vez más estricto y controversial.
