Tegucigalpa – La administración Trump confirmó durante el fin de semana que ha deportado a El Salvador a cientos de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, invocando poderes extraordinarios bajo una ley de 1798, incluso cuando un tribunal federal había ordenado suspender algunas de estas expulsiones.
«Este fin de semana, por orden del presidente, el Departamento de Seguridad Nacional arrestó con éxito a casi 300 terroristas del Tren de Aragua, salvando innumerables vidas estadounidenses», declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado oficial. «Estos atroces monstruos fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no podrán representar una amenaza para el pueblo estadounidense».
Esta operación forma parte de un acuerdo bilateral negociado por el secretario de Estado Marco Rubio con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos pagará aproximadamente $6 millones a El Salvador para que mantenga detenidos a los venezolanos deportados. Bukele confirmó a través de su cuenta en X que 238 presuntos miembros de la pandilla ya fueron transferidos a un centro de confinamiento para terroristas en su país.
La controvertida medida se implementó después de que Trump firmara una proclamación el sábado invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto raramente utilizado que otorga al presidente poderes especiales para detener y expulsar a extranjeros de naciones hostiles en tiempos de guerra. Históricamente, esta ley fue empleada para justificar el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
La deportación masiva ocurrió a pesar de que el juez federal de distrito James Boasberg había emitido una orden que prohibía las deportaciones bajo la proclamación de Trump durante 14 días, dando tiempo para considerar una impugnación legal presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward. Durante una audiencia celebrada el sábado, Boasberg incluso declaró que cualquier vuelo que transportara personas deportadas bajo la proclamación presidencial tendría que regresar a Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha reconocido en documentos judiciales que algunas deportaciones ocurrieron antes de la orden judicial, pero aseguró que no procederá con más expulsiones bajo esta proclamación a menos que el tribunal intervenga o revoque la orden de restricción. Según estos mismos documentos, cinco personas que estaban protegidas por una orden anterior que impedía su deportación permanecen en territorio estadounidense.
En su proclamación, Trump justificó la medida alegando que miembros del Tren de Aragua «se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles» contra el país. También argumentó que la organización está participando en una «migración ilegal masiva a los Estados Unidos» con el objetivo de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar los esfuerzos del presidente venezolano Nicolás Maduro para desestabilizar naciones democráticas.
Los críticos de esta acción sostienen que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede utilizarse para atacar a miembros de una organización criminal, en lugar de a ciudadanos de un país hostil. Sin embargo, Leavitt defendió la deportación calificando al Tren de Aragua como «una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta» que «violan, mutilan y asesinan por deporte».
Por su parte, el gobierno venezolano reaccionó a través de un comunicado publicado en Telegram, donde afirmó que la proclamación estadounidense «criminaliza infame e injustamente» a los migrantes venezolanos, describiéndola como un recordatorio de «los momentos más oscuros de la humanidad».
Esta acción forma parte de los esfuerzos de Trump en su segundo mandato para intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados y reforzar la seguridad fronteriza, tras una victoria electoral impulsada en parte por la preocupación de los votantes ante la inmigración irregular y la delincuencia. Al igual que durante su primera administración, los tribunales han intervenido para ralentizar o bloquear la implementación plena de sus órdenes ejecutivas en materia migratoria.
