TSC encuentra responsabilidad penal en caso «Checazo» por desvío de fondos públicos

El Tribunal Superior de Cuentas confirmó que una auditoría encontró responsabilidad penal en el escándalo que involucra a la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona por el uso de dinero de Sedesol para financiar la campaña electoral de Libre, según reveló un video donde ambos discuten el desvío de fondos públicos hacia actividades partidarias.

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Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinó que existe responsabilidad penal en el caso de corrupción conocido como «Checazo», confirmó este lunes el portavoz del órgano contralor, Rodolfo Isaula. La decisión se basa en una auditoría que investigó el desvío de fondos públicos del Ministerio de Desarrollo Social (Sedesol) hacia actividades de campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Isaula explicó que aunque el TSC encontró responsabilidad penal, ahora corresponde al Ministerio Público determinar cuáles delitos específicos se cometieron en este caso que ha sacudido al gobierno y al partido oficialista. El portavoz anunció que el informe completo de la auditoría estará disponible próximamente en la página web del TSC.

El escándalo del «Checazo», también conocido como «Cheque Video«, se originó por la revelación de un material audiovisual donde aparecen la diputada Isis Cuéllar y el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, discutiendo abiertamente el uso de dinero público para financiar actividades de campaña electoral del partido Libre en el departamento de Copán.

En el video, la congresista por Copán explica con detalle cómo destinó los fondos públicos: «¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? A las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido», relata Cuéllar en la conversación grabada.

Según las propias declaraciones de la diputada en el video, los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la infraestructura de campaña del oficialismo. El valor aproximado de cada kit ascendía a 125,000 lempiras, según sus propias palabras.

La respuesta del ministro Cardona en el video evidencia su conocimiento y complicidad en el esquema. «Yo te iba a contar sobre ese tema… yo tengo un conocido ahí y me contó que ahí había una mujer que había hablado pestes de vos, que habías hecho un cheque a nombre de ella… Yo dije le voy a decir a Isis que hable con esa candidata estúpida que tienen ahí, que a cuenta de qué anda hablando esas cosas», responde Cardona con tono de complicidad.

El escándalo tuvo consecuencias inmediatas para ambos funcionarios. Cardona fue removido de su cargo como ministro de Sedesol, mientras que Cuéllar, según comunicados oficiales del partido Libre, fue suspendida de todos sus cargos partidarios y vetada como candidata a la reelección como diputada del Congreso Nacional. Sin embargo, la diputada ha logrado recuperar su vigencia política con el paso del tiempo.

En el material audiovisual también se menciona a una supuesta candidata identificada como Lilian Montufar, contra quien tanto Cuéllar como Cardona expresan críticas. El exministro sugiere que esta persona «trabaja en la departamental, no sé si en Educación o dónde», y plantea que debe ser «llamada al orden» por sus supuestas declaraciones sobre el manejo de los fondos.

El caso «Checazo» representa uno de los escándalos de corrupción más documentados de la actual administración, ya que cuenta con evidencia audiovisual directa donde los implicados admiten el desvío de fondos públicos. La confirmación de responsabilidad penal por parte del TSC marca un paso importante en el proceso judicial que ahora deberá continuar en el Ministerio Público.

La revelación de este caso ha puesto en evidencia las prácticas de financiamiento irregular de campañas políticas y ha generado cuestionamientos sobre los controles internos en las instituciones gubernamentales para prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines partidarios.

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