Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un presunto esquema de fraude contra el Estado mediante 13 embargos falsos que habrían provocado un perjuicio económico de 32,545,791.88 lempiras al erario público.
Los hallazgos forman parte de un informe de investigación especial penal que abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
Según el informe, el esquema habría operado mediante expedientes judiciales que simulaban demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca, los cuales fueron utilizados como base para ejecutar embargos contra fondos de la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras.
La investigación identificó irregularidades graves en la gestión de los expedientes, entre ellas la falta de documentación primaria que respaldara los supuestos procesos judiciales.
Los exhortos utilizados carecían de acuerdos conciliatorios, autos de ejecución reales u otros documentos esenciales que justificaran la ejecución de los embargos.
Uno de los elementos más sensibles del informe es que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca desconoció haber emitido los exhortos que sirvieron para mover el proceso.
Según los hallazgos, las firmas, sellos y actuaciones atribuidas a esa oficina judicial eran falsos.
Además, algunos números de expediente correspondían a casos reales contra empresas privadas o habrían sido alterados en sus partes y cuantía para aparentar demandas laborales contra la municipalidad.
El informe también señala que los documentos fueron tramitados ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán sin realizar verificaciones institucionales o telefónicas con las autoridades judiciales correspondientes en Choluteca.
Esa falta de comprobación permitió que los documentos avanzaran dentro de la cadena de recepción, tramitación y pago.
De acuerdo con la reconstrucción del TSC, los fondos desviados fueron trasladados a cuentas judiciales y posteriormente retirados mediante cheques de caja emitidos a favor de supuestos apoderados legales.
La investigación advierte la posible participación de diversos profesionales del derecho, así como de funcionarios y servidores judiciales involucrados en las distintas etapas del procedimiento.
Los hallazgos fueron notificados oficialmente al Fiscal General de la República, abogado Pablo Emilio Reyes, debido a que presentan indicios de responsabilidad penal.
El informe del TSC coloca bajo investigación un caso de alto impacto por la forma en que se habría utilizado documentación judicial falsa para afectar recursos públicos depositados en el Banco Central.
El presunto fraude no solo expone una pérdida millonaria para el Estado, sino también vulnerabilidades en los controles institucionales que permitieron tramitar embargos sin respaldo documental suficiente.
La investigación apunta a una operación estructurada que habría combinado expedientes falsificados, sellos y firmas simuladas, falta de verificación judicial y posterior retiro de fondos mediante instrumentos financieros.
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá profundizar las diligencias, individualizar responsabilidades y determinar si existió participación de abogados, empleados judiciales u otros servidores públicos en la ejecución del fraude.
Para el TSC, los indicios encontrados justifican una investigación penal que esclarezca cómo se logró extraer más de 32.5 millones de lempiras de recursos estatales mediante procesos judiciales aparentemente inexistentes o alterados.
