Activistas de derechos humanos dicen que las autoridades tunecinas están llevando a cabo expulsiones masivas ilegales de inmigrantes, todo con fondos de la Unión Europea.
Por DW
El miedo está siempre ahí, día y noche, dice Mamadou de Chad, quien pide que no se publique su nombre completo por temor a represalias. Y cuenta lo que le pasó a comienzos de mes cuando no logró llegar a la isla italiana de Lampedusa con la ayuda de traficantes de personas.
“La Guardia Costera tunecina nos quitó nuestros teléfonos móviles y nuestro dinero, nos llevó a la frontera con Libia, nos quitó la ropa y nos dejó allí”, cuenta a DW desde su escondite: un olivar cerca de la ciudad portuaria tunecina de Sfax. Dice que caminó unos 240 kilómetros por el desierto para llegar hasta allí.
Los olivares se han convertido en un escondite para alrededor de 80.000 migrantes subsaharianos que esperan por una oportunidad para cruzar el mar Mediterráneo y llegar a Europa.
Lauren Seibert, investigadora de Human Rights Watch y experta en derechos de refugiados y migrantes, dice que lo que Mamadou y otros han experimentado es una “expulsión colectiva ilegal”.
Argelia, Libia y Mauritania han estado “practicando expulsiones masivas ilegales durante años”, dice la experta a DW, pero en Túnez es un fenómeno más reciente.
Un experto tunecino en migración comparte esta opinión, y dice a DW bajo condición de anonimato que “en los últimos años, ha habido un puñado de casos, generalmente cuando las autoridades de Túnez interceptan barcos de contrabandistas procedentes de Libia”.
A comienzos de este mes, Lighthouse Reports, una organización de noticias de investigación que colabora con varios medios internacionales, publicó un informe sobre el aumento de las deportaciones masivas.
Tras un año de indagaciones, los periodistas llegaron a la conclusión de que la Guardia Nacional de Túnez estaba en el centro de estas operaciones y que gran parte del financiamiento provenía de países europeos.
Desde el año pasado, la Unión Europea ha firmado asociaciones migratorias con Egipto, Marruecos, Mauritania y Túnez, acuerdos que incluyen aportes de dinero específicamente destinados a frenar la migración a Europa.
Para muchos analistas, los recientes acontecimientos en Túnez son especialmente preocupantes, pues Túnez se ha convertido en un punto de partida popular para los migrantes de toda África que esperan llegar a Europa.
El país había reducido los requisitos para obtener una visa en 2015, y era ampliamente comentado que Túnez necesitaba mano de obra barata en sectores no oficiales, lo que lo convertía en un buen punto intermedio para obtener fondos para luego cruzar el Mediterráneo.
En la década pasada, Sfax, una ciudad ubicada a menos de 150 kilómetros de Lampedusa, se había convertido en un importante centro de trata de personas, algo que era más o menos tolerado por las autoridades tunecinas.
Pero en febrero de 2023, el presidente Kais Saied lanzó una nueva ofensiva contra los inmigrantes, afirmando que las personas provenientes del África subsahariana estaban cambiando la estructura demográfica tunecina. Dijo que esto amenazaba con convertir a Túnez en un país “africano” en lugar de uno “árabe-musulmán”.
A esto siguieron operaciones policiales a nivel nacional contra los inmigrantes, que contaron en parte con el apoyo de la población, operaciones en las que muchas familias subsaharianas fueron acosadas en las calles, expulsadas de sus hogares y detenidas de manera arbitraria.
En julio del año pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció a Túnez un paquete de asociación por un valor de más de mil millones de euros, consistente en 900 millones más 150 millones de asistencia presupuestaria inmediata, y 105 millones adicionales para gestión de fronteras y actividades de lucha contra el contrabando.
“La creciente ayuda financiera de la UE para el control de la migración solo fomenta estas expulsiones colectivas, que son contrarias al derecho”, dijo a DW Seibert, de HRW.
Cuando Túnez deportó por primera vez a unos 1.200 migrantes a la frontera con Libia, en mayo de 2023, “catalizó una crisis humanitaria que dejó a varios migrantes muertos, incluidos niños, y también generó una crisis política entre Túnez y Libia”, dijo el experto en migración que habló con DW bajo condición de anonimato.
Sin embargo, tras una protesta internacional, esas deportaciones se detuvieron en julio, pero fueron retomadas en septiembre, cuando las autoridades tunecinas volvieron a detener a un gran número de personas. “Desde entonces, una parte de los transportes se dirige a la frontera con Argelia, donde hay mucha tensión con las fuerzas argelinas, y otra a la frontera con Libia”, explica.
“Las actuales expulsiones de Túnez a Libia no generan una crisis humanitaria porque los libios están recogiendo a los inmigrantes con bastante rapidez para llevarlos a centros de detención, donde corren el riesgo de sufrir abusos y ser extorsionados”.
