Tegucigalpa – El Congreso hondureño vivió una agitada sesión este martes que tuvo que ser suspendida debido a la tumultuosa insurrección liderada por los diputados del Partido Nacional.
La reunión, que comenzó pasadas las 5:00 de la tarde, reunió a 86 congresistas, pero la tranquilidad se desvaneció cuando el bullicio de pitos y gritos de protesta irrumpió en el recinto por parte del principal partido de oposición.
La discordia surgió mientras se debatía el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Base de Datos de ADN. Los diputados nacionalistas buscaban la derogación del decreto 04-2022, más conocido como Amnistía Política o Pacto de Impunidad, pero se les negó la palabra.
En un intento de intervenir, el diputado de Libre, Rasel Tomé, propuso la dispensa del segundo debate de la ley de datos, lo que llevó al presidente de la Cámara, Luis Redondo, a suspender momentáneamente la sesión y convocar nuevamente para las 6:30 de la tarde.
Cerca de las 7:00 de la noche, la sesión se reanudó con la continuación de la discusión sobre la Ley de Datos. La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, fue invitada para participar en el debate.
La diputada proyectista, Ligia Ramos, lamentó la actitud de sus colegas nacionalistas, acusándolos de obstruir debates importantes, como ya ocurrió con la Ley de Desplazamiento Forzado.
Ramos explicó la importancia de la ley que busca crear una base de datos criminalística para abordar temas como los desaparecidos en la ruta migratoria y la violencia interna en el país. La ley también pretende prevenir la suplantación de identidades.
Sin embargo, los enfrentamientos entre las bancadas de Libre y el Partido Nacional llevaron a una guerra de carteles con epítetos fuertes y salidos de tono.
El presidente de la Cámara, Luis Redondo, trató de mantener la calma y continuar con la votación de la dispensa de debates, que finalmente fue aprobada para permitir una tercera discusión de la normativa.
Pero las tensiones no se calmaron y las escaramuzas entre las bancadas persistieron, forzando a Redondo a suspender nuevamente la sesión y a convocar para el miércoles a las 3:00 de la tarde.
En el contexto de este tenso día en el Congreso, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe titulado “La Escuelita Parlamentaria Debería Cerrar por Alto Índice de Inasistencias”.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), destacó que durante el primer semestre de 2023, más de 43 millones de lempiras fueron gastados en salarios y viáticos para congresistas propietarios que no asistieron a las sesiones, generando un clima de inquietud en la opinión pública sobre la eficacia y compromiso de los legisladores.
