Tegucigalpa – El titular de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó este lunes que existen múltiples investigaciones en curso contra funcionarios del actual gobierno por presuntos actos de corrupción, aunque aclaró que estos casos han sido delegados a otras dependencias del Ministerio Público según sus competencias legales.
Santos informó que «las denuncias nuevas por supuestos ilícitos del actual gobierno han sido delegadas a otras fiscalías del Ministerio Público», explicando que la distribución de casos responde a criterios de especialización y competencia establecidos en la normativa institucional.
El funcionario confirmó que «sí existen investigaciones en diferentes fiscalías del MP por presuntos ilícitos contra el actual gobierno, las que son conocidas por otras oficinas que tienen las competencias con base a la ley», evidenciando que el sistema judicial está procesando múltiples denuncias contra la administración de Xiomara Castro.
Santos reveló que la Uferco se concentra en «casos de redes de corrupción que trascienden la actual administración», sugiriendo que su unidad maneja investigaciones de mayor complejidad temporal que involucran a múltiples gobiernos o períodos administrativos.
Sobre el escándalo del «cheque video» que involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, el fiscal expresó que «aparentemente existe dolo, de acuerdo a lo trascendido en plataformas digitales», ofreciendo una evaluación preliminar sobre la naturaleza de las acciones evidenciadas en la grabación filtrada.
Sin embargo, Santos mantuvo cautela sobre las implicaciones legales definitivas, declarando que «será hasta que tengamos la denuncia que vamos a poder determinar y hasta que realicemos las investigaciones si hay méritos para presentar una acción en los tribunales», enfatizando la necesidad de seguir los procesos formales antes de emitir conclusiones definitivas.
El titular de Uferco admitió que «no he tenido a la vista la denuncia, no sé lo que hay detrás pero aparentemente se trata de una sustracción de fondos de parte de los diputados», caracterizando preliminarmente la naturaleza del presunto delito basándose en la información pública disponible.
Santos aprovechó la ocasión para cuestionar estructuralmente el mecanismo que habría facilitado las irregularidades, enfatizando que «una herramienta como el Fondo Departamental que ha servido para desviar fondos públicos, debería de ser eliminado en el Congreso de la República».
El funcionario fue categórico en su posición sobre esta herramienta legislativa, declarando que «siempre he dicho que el Fondo Departamental debe reformarse o tiene que eliminarse porque si ha sido objeto para que se desvíe dinero tiene que pararse», proponiendo cambios estructurales para prevenir futuros casos similares.
Santos reveló que su unidad maneja «casos similares abiertos como ‘Red de Diputados'», sugiriendo que el escándalo actual de Sedesol no es un caso aislado sino parte de un patrón más amplio de irregularidades en el manejo de fondos por parte de legisladores.
El fiscal expresó disponibilidad para investigar el caso si las autoridades superiores se lo asignan, manifestando que «si las máximas autoridades del Ministerio Público le asignan el escándalo en Sedesol, con todo gusto lo investigan», evidenciando que la distribución de casos responde a decisiones administrativas superiores.
Sobre las implicaciones legales para los diputados involucrados, Santos aclaró que «los diputados tienen inmunidad solamente por los actos propios de la legislación en el seno del Congreso Nacional», limitando el alcance de la protección constitucional a funciones estrictamente legislativas.
El funcionario precisó que «el único privilegio que tienen es que tienen que ser acusados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», estableciendo que los diputados pueden ser procesados penalmente pero siguiendo procedimientos especiales que requieren la intervención del máximo tribunal del país.
Las declaraciones de Santos confirman que el sistema de justicia hondureño está procesando múltiples denuncias contra el gobierno actual, aunque distribuidas en diferentes unidades especializadas según la naturaleza de cada caso. Su sugerencia de eliminar el Fondo Departamental representa una propuesta estructural para prevenir futuros casos de corrupción legislativa.
La revelación sobre el caso «Red de Diputados» sugiere que las irregularidades en el manejo de fondos por parte de legisladores constituyen un problema sistémico que trasciende el escándalo actual de Sedesol, requiriendo reformas más amplias en los mecanismos de control y supervisión de recursos públicos manejados por el Congreso Nacional.
