Tegucigalpa – La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) emitió un comunicado contundente este jueves, reafirmando su independencia y compromiso con la persecución imparcial de delitos, despejando así cualquier duda sobre su integridad.
Enfatizó enérgicamente que su labor se rige por la búsqueda de la justicia, desligada de intereses partidistas o presiones externas.
En su declaración, la Uferco subrayó la función primordial del Ministerio Público y sus unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. Remarcó que la entidad acusadora representa los intereses generales de la sociedad, salvaguardando su autonomía y manteniéndose al margen de influencias políticas.
De igual modo, la Unidad hizo hincapié en su misión central de investigar a fondo, hacer cumplir la ley y llevar a juicio a aquellos responsables de cometer actos de corrupción pública de gran envergadura y participar en redes de corrupción.
Además, subrayó su papel crucial en el seguimiento de casos y líneas de investigación originados durante la implementación del mecanismo anticorrupción en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Afirmó categóricamente que sus acciones se basan en hechos concretos y no obedecen a decisiones arbitrarias o motivaciones subjetivas.
Frente a las críticas y cuestionamientos infundados que han surgido, la Uferco hizo hincapié en la necesidad de reconocer la transparencia de su labor y la imparcialidad de sus investigaciones.
Señaló que los ataques dirigidos hacia su labor son fruto de la insatisfacción de aquellos individuos o entidades que han sido señalados en casos de corrupción de gran relevancia, y enfatizó en la importancia de no ceder a presiones injustificadas en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Concluyendo su comunicado, la Uferco reiteró su compromiso de operar dentro de los límites de sus facultades legales y la delegación otorgada, ratificando su determinación de continuar llevando a cabo acciones penales con la debida responsabilidad que demanda la lucha contra la corrupción, en beneficio de la sociedad en su conjunto.