Tegucigalpa, Honduras. – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) se prepara para aplicar sanciones económicas a excandidatos que no cumplieron con la rendición de cuentas correspondiente a las elecciones generales de 2025.
La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, informó que la institución ya tiene listo el proceso para presentar el informe sobre los sujetos obligados que incumplieron la normativa, una vez vencida la prórroga otorgada por el Congreso Nacional.
“Estamos ya listos para presentar el informe de aquellos sujetos obligados que incumplieron con la normativa de la rendición de cuentas después de que venció la prórroga que este Congreso Nacional otorgase”, expresó Ardón.
La funcionaria explicó que la unidad trabaja en dos líneas: la aplicación de multas a quienes no presentaron sus informes y la necesidad de contar con recursos para completar la fiscalización documental de los reportes entregados en tiempo y forma.
En el caso de quienes participaron como candidatos a alcaldes, la ley establece una sanción equivalente a cinco salarios mínimos, lo que representa alrededor de 70 mil lempiras.
Para los excandidatos a diputados, la multa asciende a 10 salarios mínimos, equivalente a unos 149 mil lempiras.
“En el caso de los que participaron como candidatos a alcalde, ya la ley establece que son cinco salarios mínimos, que monetarizados estamos hablando de alrededor de 70 mil lempiras”, detalló Ardón.
“Y en el caso de los candidatos a diputados, la ley establece que son 10 salarios mínimos que rondan en 149 mil lempiras”, agregó.
La comisionada destacó que este será el primer proceso electoral en el que la UFTF aplicará sanciones a excandidatos que incumplieron con la presentación de sus informes financieros.
La rendición de cuentas forma parte de los mecanismos de control sobre el financiamiento político y busca transparentar el origen, uso y destino de los recursos utilizados durante las campañas electorales.
Con estas sanciones, la UFTF busca hacer cumplir la normativa y fortalecer la fiscalización sobre quienes participaron como candidatos en las elecciones generales de 2025.
