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Un año después de la masacre de 46 mujeres en Támara, la justicia sigue pendiente

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Tegucigalpa – La masacre en en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), cercano a la capital de Honduras, en la que 46 mujeres fueron asesinadas, cumple este jueves un año sin que los familiares de las víctimas conozcan la verdad ni obtengan justicia.

Esta matanza ocurrió durante una reyerta, al parecer entre integrantes de dos pandillas enemigas, en la que 23 mujeres murieron a causa de armas de fuego y blancas, mientras que las otras 23 por las quemaduras en un incendio

Doce meses después de la peor tragedia ocurrida en una cárcel femenina de Honduras, el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público (Fiscalía) no ha logrado identificar el cuerpo de una de las víctimas.

Según el Ministerio Público (Fiscalía) y la Dirección Policial de Investigaciones, la muerte de las 46 mujeres fue “un hecho planificado” por pandilleras de la mara Barrio 18, presas también en la PNFAS.

No obstante, dos días después de la masacre, la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, dijo que la misma fue planificada “adentro y afuera” de la prisión y que algunas armas y municiones utilizadas pertenecen a la Policía hondureña.

Estado no garantiza derechos humanos en las cárceles

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, dijo este jueves a EFE que el asesinato de las 46 mujeres en el Cefas evidencia que “el Estado no ha sabido garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria”.

“Para Honduras esto es una tragedia y es una forma de evidenciar que tiene un sistema penitenciario débil y que no funciona en materia de seguridad, pero también en las condiciones y el trato que se debe brindar a las personas que están privadas de libertad”, subrayó Izaguirre.

La Defensora del Pueblo ha venido pidiendo a las autoridades abrir una “investigación seria, oficiosa, independiente, exhaustiva, pero sobre todo oportuna”, para esclarecer los hechos y llevar ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales.

Lamentó que hasta ahora “no hay avances sustanciales en las investigaciones y mucho menos en la persecución de las personas implicadas” en el crimen múltiple.

Hasta ahora el Ministerio Público de Honduras ha presentado requerimiento fiscal (acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) contra 16 pandilleras de la mara Barrio 18, todas presas, por la masacre.

Lo que se le viene a Honduras, advirtió Izaguirre, es una “responsabilidad internacional” por la violación de múltiples derechos humanos y un pago millonario a las familias de las víctimas, a las que se les debe garantizar justicia.

Familiares deben conocer la verdad

Los familiares de las 46 presas asesinadas aún no logran cerrar la herida a un año de la tragedia, pues necesitan “conocer la verdad” de lo ocurrido en la cárcel femenina, que además le costó el cargo de ministro de Seguridad Ramón Sabillón, añadió Izaguirre.

La Comisionada de Derechos Humanos destacó la importancia de “no dejar en impunidad estos casos graves de violaciones de derechos humanos” para garantizar justicia y la no repetición de los hechos.

Dijo también que la problemática en los centros penales requiere una “atención urgente” del Estado de Honduras, donde cerca de 90 presos han muerto bajo custodia de agentes de seguridad entre 2023 y junio de 2024.

“No se ha atendido la situación y la crisis penitenciaria con una política penitenciaria integral”, enfatizó Izaguirre, tras afirmar que en Honduras “no hay una verdadera voluntad política” para atender la situación de los centros penales.

El abogado hondureño Fernando González dijo hoy a periodista que las familias de las víctimas ya agotaron las instancias internas, por lo que ahora solo les queda la vía internacional para intentar lograr justicia.

“Ya se agotó la vía judicial nacional, ahora queda pasar al ámbito internacional a interponer las denuncias correspondientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que pueda sancionar al Estado de una manera indemnizatoria”, advirtió González, que representa a siete de las 46 familias. EFE


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