Tegucigalpa – Este viernes 23 de mayo de 2025 se cumple exactamente un mes desde que se destapó uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Honduras: la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha dejado a más de 35 mil personas sin sus ahorros tras confiar en promesas de ganancias extraordinarias.
La jornada de este miércoles transcurrió con relativa calma en las ciudades donde operaba Koriun. No se registraron las multitudinarias protestas que caracterizaron las primeras semanas tras la intervención policial, aunque la inconformidad sigue extendiéndose por todo el territorio nacional entre los afectados que reclaman la devolución de sus recursos.
Iván Velásquez, administrador de Koriun, y su esposa permanecen imputados por esta trama de estafa, enfrentando cargos por lavado de activos en un proceso judicial que apenas comienza. La empresa, que nunca estuvo regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), logró operar durante siete años prácticamente a la vista de las autoridades sin mayor intervención.
El Ministerio Público ha sido categórico en calificar el caso como una estafa, argumentando que la compañía operaba de forma completamente ilegal y que no existen registros contables confiables que garanticen la devolución de fondos a todos los afectados. La ausencia de controles financieros formales ha complicado enormemente el proceso de determinar con exactitud el alcance real del fraude.
Según información proporcionada por los apoderados legales de la empresa, la base de «inversionistas» incluía un amplio espectro social: empleados gubernamentales, jueces, policías y obreros de maquilas componían, entre otros sectores, el conglomerado de más de 35 mil personas que confiaron sus recursos a esta estructura financiera irregular.
Los números del escándalo son impactantes: durante sus años de operación, Koriun logró mover aproximadamente 3 mil millones de lempiras, atrayendo ahorrantes con la promesa de rendimientos del 20% mensual, equivalentes a un imposible 240% anual, cifras que no se dan en ninguna economía normal ni con inversionistas convencionales.
La teoría principal de la Fiscalía apunta a que detrás de este mecanismo irregular de captación de fondos operaba una red criminal vinculada a hechos delictivos graves. Sin embargo, la decisión del ente acusador de devolver más de 400 millones de lempiras —entre cuentas bancarias y efectivo— a la principal figura del esquema ha generado serios cuestionamientos sobre la estrategia investigativa.
Mientras tanto, el caso ha trascendido las esferas judiciales para convertirse en un tema de intenso debate político. La propuesta gubernamental de utilizar fondos públicos para compensar a las víctimas ha sido duramente criticada por diversos sectores, incluyendo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que considera inconstitucional esta medida.
A un mes del estallido del escándalo, miles de familias hondureñas continúan esperando respuestas sobre el destino de sus ahorros, mientras el país debate sobre las responsabilidades institucionales que permitieron que esta estafa operara durante años sin la debida supervisión.
