Tegucigalpa, Honduras. – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha puesto sobre la mesa un debate de profundas implicaciones para la democracia del país, al advertir que la prórroga del estado de excepción, cuya vigencia coincide con las elecciones generales, plantea una «tensión constitucional de máxima relevancia» entre la seguridad pública y el ejercicio de los derechos políticos.
– La máxima casa de estudios cuestiona la legalidad de la medida y advierte que podría obstaculizar la campaña, la movilización de votantes y la observación electoral.
En un análisis académico institucional, la UNAH señala que la suspensión de garantías constitucionales, establecida en el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, no puede convertirse en una regla permanente.
«La prolongación continua de este régimen, sin una motivación diferenciada ni evidencia de una amenaza extraordinaria, desnaturaliza la finalidad constitucional del estado de excepción», argumenta el documento.
La universidad es enfática al señalar que esta situación es especialmente grave en el marco de un proceso electoral, donde libertades como la de reunión, circulación, asociación y expresión son «indispensables para la competencia política, el debate público y la participación ciudadana».
El pronunciamiento cuestiona duramente la ampliación territorial del régimen a 226 municipios, indicando que no se ha presentado una justificación técnica y pública que la respalde. Según la UNAH, esto viola el principio de mínima restricción, que obliga al Estado a aplicar estas medidas únicamente donde exista una amenaza real y comprobada.
La institución académica advierte sobre los riesgos directos para el proceso democrático, ya que la medida podría:
- Obstaculizar la campaña electoral.
- Dificultar la movilización de votantes.
- Limitar la cobertura periodística.
- Afectar la observación internacional y el monitoreo ciudadano.
La UNAH concluye que, si bien la seguridad es un deber del Estado, la prórroga del estado de excepción durante las elecciones solo sería constitucionalmente válida bajo una justificación «excepcionalísima, específica y detallada», condición que, a su juicio, no se cumple en el decreto actual.
Por ello, la universidad hace un llamado para que la medida sea sometida a un «escrutinio estricto» por parte del Congreso Nacional, la Sala de lo Constitucional y los organismos internacionales de derechos humanos, con el fin de asegurar que no se afecte la libre determinación del pueblo hondureño el próximo 30 de noviembre.
