Única empresa que aplicó para transporte electoral se retira del proceso por incumplimiento de plazos

Unión Latin Cargo notificó al CNE su determinación de retirarse de la licitación. La empresa señaló que la adjudicación debió realizarse el 10 de octubre y que los furgones debían ingresar al Infop el 1 de noviembre. Advirtió que los plazos no se están cumpliendo y no cuentan con garantías ni tiempos adecuados para ejecutar el proyecto.

Tegucigalpa.- Este lunes se conoció que la empresa «Unión Latin Cargo», la única que aplicó para la solicitud de adjudicación del servicio de transporte de material electoral en el día de los comicios generales, remitió una nota al Consejo Nacional Electoral (CNE) y su unidad de compras y contrataciones especiales notificando su determinación de retirarse del proceso.

En la carta, la empresa señala que la fecha de adjudicación del proceso debió haberse realizado el 10 de octubre, y que el 1 de noviembre tuvo que haber ingresado los furgones estacionados al plantel del Instituto de Formación Profesional (Infop).

«Por estas razones, junto con otros factores nos hemos visto obligados a tomar la decisión de retirarnos del proceso ya que los plazos establecidos no se están cumpliendo y no cuentan con las garantías necesarias ni con los tiempos adecuados para ejecutar el proyecto de forma eficiente», cita la carta de la empresa.

Union Latin Cargo

Unión Latin Cargo es una empresa hondureña aduanera y naviera que ofrece servicios de asesoría y consultoría en temas como aduanas, aranceles, rutas comerciales, exportaciones, transporte, seguros de transporte, almacenes de depósito, bodegas y logística multimodal.

El servicio que se estaba licitando es el transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales electorales esenciales para los comicios generales del 30 de noviembre.

El retiro de la única empresa participante deja en el aire la logística de transporte electoral a 27 días de las elecciones generales, en un contexto donde el CNE enfrenta una profunda crisis institucional marcada por las tensiones entre los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, quien solicitó abstenerse de participar en este proceso de licitación, y donde las Fuerzas Armadas han anunciado que ejercerán «supervisión estricta» del contrato de transporte, generando preocupación sobre la injerencia militar en funciones que corresponden al órgano electoral.

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