El comisionado Emilio Hércules advierte sobre las limitaciones para fiscalizar campañas electorales sin los recursos necesarios y reitera la prohibición del uso de fondos públicos en política
Tegucigalpa – La Unidad de Política Limpia de Honduras enfrenta una crisis presupuestaria que podría comprometer su capacidad para supervisar las próximas campañas electorales. El comisionado Emilio Hércules ha realizado un llamado urgente al Congreso Nacional para que apruebe el presupuesto necesario para el funcionamiento de esta institución fiscalizadora.
«El presupuesto es el instrumento más importante para la fiscalización electoral», enfatizó Hércules, quien explicó que el proyecto debe ser discutido, aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta para que la Secretaría de Finanzas pueda realizar los desembolsos correspondientes.
La institución enfrenta actualmente dos desafíos críticos: la aprobación del presupuesto y la implementación de reformas para el fortalecimiento institucional, ambos proyectos pendientes en el Congreso Nacional desde marzo. Las reformas propuestas buscan garantizar la independencia de la Unidad y fortalecer su capacidad de supervisión.
En medio de estas limitaciones, la Unidad ha emitido un comunicado recordando las prohibiciones legales sobre el uso de recursos estatales en campañas políticas. «Es completamente ilegal el uso de recursos públicos en las campañas electorales, y cualquier deducción a los salarios de los funcionarios debe contar con su aprobación previa», advirtió el comisionado.
Como medida de transparencia, la institución ha implementado un protocolo de protección para ciudadanos que denuncien irregularidades en el financiamiento de campañas. «Todas las quejas serán tratadas bajo estrictas medidas de seguridad», aseguró Hércules, invitando a la ciudadanía a mantenerse vigilante y presentar sus denuncias de forma legal.
La aprobación del presupuesto se vuelve crucial ante la proximidad de las elecciones primarias, donde la supervisión y el monitoreo serán fundamentales para garantizar la transparencia del proceso electoral.
