Tegucigalpa – Miembros de la organización Unidos por la Democracia se presentaron este martes en las instalaciones del Ministerio Público para interponer una denuncia formal contra el consejero del CNE Marlon Ochoa, el dirigente de LIBRE Melvin Ceballos y los consejeros suplentes Carlos Enrique Cardona Hernández y Karen Patricia Rodríguez, pero no encontraron fiscal disponible para recibir la acusación.
El doctor Rony Portillo, miembro de Unidos por la Democracia, expresó su frustración por la falta de atención en el Ministerio Público. «La ley de la república establece que el Ministerio Público es defensor de la ciudadanía, nosotros somos simples ciudadanos que venimos a interponer una denuncia debido a que se quiere deteriorar el proceso electoral en el país, y en este sentido necesitamos ser escuchados», declaró.
Portillo elevó el tono de sus advertencias al sugerir graves consecuencias si las autoridades no actúan. «En las manos del Ministerio Público está un autogolpe o posible golpe de estado, si no hacen lo que tienen que hacer, puede ocurrir eso, si el Ministerio Público no cumple con sus funciones, puede haber hasta una guerra civil o derramamiento de sangre, e incluso puede deteriorar lo que es la democracia del país», advirtió el dirigente.
La abogada Nilia Ramos respaldó las preocupaciones sobre el deterioro del proceso electoral, señalando que existe «un peligro a que no se lleve un proceso electoral transparente e íntegro». Ramos enfatizó que «la ley se debe aplicar, no importa si es alguien que sea de LIBRE o de otro partido político, pero se debe aplicar la ley».
La denuncia incluye específicamente al dirigente de LIBRE Melvin Ceballos por los eventos ocurridos el 7 de julio en las instalaciones del CNE. «Se integró a esta denuncia porque el 7 de julio el señor Melvin Ceballos, dirigiendo un grupo de colectivos, llegó al Consejo Nacional Electoral y evitó que las empresas que ese día estaban presentes para entregar la propuesta de la oferta para que se llevara a cabo el TREP», detalló Ramos.
La abogada reveló que el bloqueo organizado por Ceballos tuvo consecuencias directas sobre los representantes empresariales. «Incluso algunos de estas personas, de las representantes de estas empresas, salieron asustadas ese día, yo creo que Melvin Ceballos se le debe dar un castigo conforme al código penal vigente, puesto que no es posible que cuando se le ocurra tomar una decisión, se la toma y nadie le dice nada», concluyó.
La situación se complica por la ausencia del fiscal general Johel Zelaya, quien se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, dejando al país en un momento que los denunciantes consideran crítico para la institucionalidad democrática. Esta ausencia ha generado cuestionamientos sobre la disponibilidad de la máxima autoridad del Ministerio Público durante una crisis electoral.
La denuncia de Unidos por la Democracia se suma a las presiones que enfrenta el sistema de justicia hondureño para intervenir en la crisis del CNE, donde las ausencias sistemáticas de consejeros han paralizado decisiones cruciales para las elecciones de noviembre. Los denunciantes consideran que estas acciones constituyen obstrucción deliberada del proceso electoral.
La falta de fiscal disponible para recibir la denuncia evidencia las dificultades operativas que enfrenta el Ministerio Público en un momento donde se requiere respuesta inmediata a situaciones que podrían afectar la estabilidad del proceso democrático. La organización denunciante deberá esperar para formalizar sus acusaciones contra los funcionarios señalados.
Las advertencias sobre posibles escenarios de violencia política reflejan el nivel de tensión que caracteriza el actual panorama electoral hondureño, donde diferentes sectores expresan preocupación por la viabilidad del proceso democrático ante la crisis institucional que atraviesa el principal órgano electoral del país.
