Tegucigalpa. – En Honduras, la competencia desleal generada por el contrabando de cigarrillos está alcanzando niveles alarmantes, afectando a todos los hondureños. Actualmente, más del 43% del consumo total de cigarrillos en el país proviene del mercado negro, una cifra que ha incrementado de manera preocupante en los últimos años.
Este crecimiento del comercio ilícito de cigarrillos no solo representa una amenaza directa para la economía nacional, sino que también socava la salud pública y la estabilidad de miles de empleos en el país.
Las pérdidas fiscales derivadas del contrabando de cigarrillos superan los 600 millones de lempiras anuales, lo que representa un golpe significativo a los ingresos del Estado.
Este problema es particularmente agudo en los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y Cortés, donde se registran los índices más altos de consumo de cigarrillos ilícitos. Estas regiones se han convertido en focos críticos de un problema que amenaza con extenderse aún más si no se toman medidas urgentes.
El Tratado de Libre Comercio con China ha traído nuevas oportunidades, pero también ha expuesto a Honduras a desafíos adicionales, especialmente con la importación de cigarrillos ilegales, siendo Modern la marca más grande de contrabando en el país. Es esencial que se fortalezcan los controles aduaneros y se apliquen las leyes con mayor rigor para proteger la industria nacional, que no solo genera empleos, sino que también contribuye significativamente a los ingresos fiscales del país.
El incremento del comercio ilícito es alarmante y se ha convertido en una seria amenaza para la seguridad, economía y la sociedad en general. Aunque este estudio se limitó a la categoría de cigarrillos, lo normal es que esta tendencia se extienda a otros productos como licores, prendas de vestir, medicamentos, entre otros, señaló Fernando García Merino, director ejecutivo del Andi.
El contrabando de cigarrillos es un problema que afecta de manera desigual a nivel regional, pero sus consecuencias son sentidas en todo el territorio nacional. Además de las pérdidas fiscales, el consumo de productos no regulados pone en grave riesgo la salud de los ciudadanos, exacerbando la crisis económica y de salud pública que ya enfrenta el país. Las pérdidas totales atribuibles a este delito superan los 2,100 millones de lempiras anuales.
Es por esto por lo que se hace urgente fortalecer la cooperación regional para combatir el contrabando. La lucha contra este delito requiere de un esfuerzo coordinado entre todos los países de Latinoamérica. Solo a través de un trabajo conjunto podremos crear un entorno de negocios más justo y equitativo, donde la competencia leal prevalezca y se proteja el desarrollo económico de nuestra región.
La unión de fuerzas entre el gobierno, las empresas, y la sociedad civil es esencial para enfrentar este problema de manera efectiva. El contrabando socava la competencia leal y perjudica a las empresas formales, lo que hace aún más urgente la necesidad de tomar acciones concretas. Combatir el contrabando es una tarea de todos; es momento de actuar y proteger el futuro de Honduras.
