Tegucigalpa. – El Consejo de Educación Superior (CES), se pronunció en las últimas horas sobre las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), haciendo un llamado a los diputados para que restablezcan los artículos de la Constitución de Honduras que fueron reformados para dar inicio al polémico proyecto.
El CES, que aglutina a todas las instituciones educativas de nivel universitario, planteó su preocupación por las reformas que dieron origen a las Zede, que son “inconstitucionales, pues alteraron artículos pétreos relacionados con el territorio nacional, la soberanía y la forma de gobierno, que solo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente”.
“Esta acción legislativa, aunque siguió aspectos de forma para concretarse, terminó contraviniendo principios constitucionales irreformables de ordenamiento territorial y de soberanía popular, alterando el orden jurídico y gestándose bajo vicios de nulidad”, advierte el CES en un amplio comunicado.
Del mismo modo, el Consejo señala que al crear entidades territoriales autónomas y sustraerlas del ordenamiento jurídico nacional, el Congreso Nacional se atribuyó competencias que la Constitución no le otorga, cambiando la forma de Estado y creando de facto una entidad federal y no unitaria con la redistribución de competencias.
Las universidades argumentan que, aunque se pretenda crear la falsa ilusión de que se abrirá la participación de las comunidades en la decisión sobre su incorporación a las Zede, las fórmulas pensadas son inconstitucionales. “pues las circunscripciones geográficas determinadas por la Carta Magna son a nivel nacional, regional, subregional, departamental o municipal. No existe la figura de plebiscito o referéndum creados para extensiones territoriales menores”.
Asimismo, el CES prevé que “las dudas generalizadas sobre su funcionamiento y constitucionalidad, las largas batallas legales y políticas que se avecinan, la falta de transparencia en su gestión terminará reduciendo el estímulo a la inversión. Esto vendrá acompañado de enormes riesgos económicos de mediano y largo plazo para el país”.
“No serán el polo de desarrollo esperado, sino que se convertirán en una carga fiscal paralela a la deuda externa, en pago de indemnizaciones, que al final deberán costear los contribuyentes”, agrega el documento.
Finalmente, Consejo de Educación Superior pidió al Poder Ejecutivo “cesar en la autorización de estos regímenes especiales”, mientras el Congreso Nacional “no ajuste la regulación actual” a lo que dicta la Constitución, al incurrir en una vulneración del principio de legalidad en el artículo 321 del texto constitucional, al enfatizar que son “inconstitucionales”, más la gran cantidad de argumentos expuestos para derogarlas.
