Tegucigalpa, Honduras.— La cifra duele y alerta: 41 mujeres asesinadas en lo que va del año, y 95 % de impunidad en esos crímenes. Este escenario de violencia extrema fue el telón de fondo desde el cual la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó este domingo, Día Internacional de la Mujer, a Honduras a eliminar las «barreras estructurales» y los «estereotipos» que hoy impiden a mujeres y niñas un acceso efectivo a la justicia.
Juan Carlos Monge, representante de la Acnudh, fue claro al subrayar que «el acceso a la justicia no será real mientras persistan barreras estructurales, estereotipos y prácticas discriminatorias que afectan de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, jóvenes y adultas mayores».
La advertencia apunta a un problema de fondo: la discriminación múltiple e interseccional no solo incrementa la vulnerabilidad de estas mujeres, sino que también limita su acceso a mecanismos efectivos de protección.
El comunicado de la Acnudh no se quedó en el diagnóstico. La violencia contra las mujeres, incluidos homicidios y feminicidios, «continúa en niveles alarmantes», y esa combinación de agresión y falta de respuestas «profundiza la desconfianza en el sistema de justicia y expone a las víctimas a mayores riesgos».
Por ello, el llamado va dirigido directamente a las instituciones de seguridad y justicia: eliminar los estereotipos de género que obstaculizan la valoración adecuada de las pruebas, garantizar una atención digna a las denuncias y evitar decisiones judiciales discriminatorias que, con frecuencia, conducen a «la desestimación de casos, revictimización y a resoluciones que perpetúan la desigualdad».
Las peticiones al Estado hondureño van más allá del ámbito judicial. La Acnudh solicitó fortalecer el presupuesto de las instituciones de justicia, armonizar la legislación nacional con normas y estándares internacionales de derechos humanos, y consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional que garanticen «respuestas oportunas y efectivas» para quienes claman por protección.
En su mensaje del 8 de marzo, el organismo internacional reafirmó su compromiso de apoyar a las entidades estatales y a las organizaciones de la sociedad civil de Honduras en la construcción de «un sistema de justicia que asegure que cada mujer y niña pueda ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad». Una meta que, frente a las cifras actuales, requiere no solo voluntad política, sino acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
