Nueva York – Una coalición de organizaciones que ofrecen servicios a inmigrantes en Nueva York presentó este martes una demanda en una corte federal contra la Administración del presidente Donald Trump por su nueva política de “carga pública”, que alegan, busca que EE.UU sea un país “para blancos y ricos”.
Los grupos, encabezados por la organización comunitaria Se Hace Camino Nueva York, acudieron hoy a la corte federal para el distrito sur de Nueva York con una querella con la que buscan que el tribunal detenga la puesta en marcha de la nueva política, prevista para entrar en vigor el 15 de octubre.
El pasado 12 de agosto, la Administración Trump presentó la nueva normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.
Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
“Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una ‘green card’ (permiso de residencia permanente”), dijo entonces Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
“Estamos aquí para anunciar una nueva demanda federal que desafía la imprudente nueva regla de la carga pública de la Administración Trump” que acusan de ser una medida “racista”, dijo Arline Cruz, gerente de programas de la ONG Se Hace Camino Nueva York.
“Pedimos a la corte que todos los inmigrantes sean tratados con respeto y dignidad”, dijo Cruz antes de que el numeroso grupo de inmigrantes que asistió a la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio, respondiera a coro: “Sí, se puede”.
Los demandantes aseguran que la nueva regla es un intento del Gobierno de forzar un cambio ilegal en la inmigración legal a EE.UU, lo que, afirman, no solo separará familias sino que colocará a los afectados en la disyuntiva de elegir entre recibir servicios médicos o alimentos o su residencia legal para permanecer en el país.
Alegan que la normativa de la “carga pública” afectará a los inmigrantes que ahora tratan de obtener su permiso de residencia legal o “green card”, paso previo a la ciudadanía, pero también a las futuras generaciones de inmigrantes.
Los demandantes, entre los que se encuentra también las organizaciones Caridades Católicas, African Services Committee, entre otras, argumentan que esta normativa viola la Ley de Proceso Administrativo.
También la “Cláusula de Protección Igualitaria” y el “Debido Proceso” protegidos por la Constitución de EE.UU., que establecen, respectivamente, que “ningún estado de los Estados Unidos podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria” y que “ninguna persona será privada de vida, libertad, o propiedad sin el debido proceso de la ley”.
La ecuatoriana Blanca Palomeque aseguró durante la conferencia de prensa que si esta regla hubiese existido hace once años, cuando le diagnosticaron cáncer, no estaría viva, porque no podría haber usado los servicios médicos públicos.
Palomeque llegó a Nueva York en el 2001 pero al vencerse su visado de tres meses se quedó en el país ilegalmente. La activista, que era educadora en su país, dice que Ecuador pasaba entonces por momentos difíciles con el cambio de moneda al dólar, perdió el empleo y optó por quedarse en Nueva York.
Para sobrevivir limpiaba casas. En 2010 le diagnosticaron cáncer cuando estaba en trámites para conseguir la residencia.
“En ese momento era aún indocumentada, no tenía seguro médico y tenía miedo de las cuentas (del tratamiento médico) que iban a ser muy altas”, dijo a Efe.
Pero finalmente, según relata, logró obtener el Medicaid (seguro de salud para personas de bajos ingresos) y pudo acudir al médico.
“Ahora no tengo cáncer gracias al tratamiento médico”, recordó.
La nueva regla ya ha sido demandada en varias jurisdicciones, incluyendo la Fiscalía General de Nueva York.
