Tegucigalpa – La alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos sobre posibles tiroteos masivos en Tegucigalpa ha provocado reacciones contrastantes dentro del propio gobierno hondureño, evidenciando fisuras en la narrativa oficial sobre la situación de seguridad en el país.
En una declaración que ha generado controversia, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, respondió al anuncio de la delegación diplomática estadounidense con un contundente mensaje: «En verdad, no vamos bien», frase que contrasta abiertamente con el eslogan «#VamosBien» que frecuentemente utiliza el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en sus comunicaciones oficiales.
Villanueva fue más allá al reconocer públicamente las deficiencias del aparato de seguridad nacional. «Es demasiado frágil y poco eficaz nuestro sistema de seguridad, debemos empezar por reconocerlo con acciones concretas y contundentes por parte de quien dirige la seguridad en nuestro país», expresó la funcionaria.
Adicionalmente, la viceministra informó que ha instruido al jefe de la Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy, para que «se investigue profundamente este importante mensaje preventivo de la embajada de EEUU en Tegucigalpa», solicitando un comunicado oficial sobre las acciones a tomar.
Esta postura difiere notablemente de la expresada por el canciller Enrique Reina, quien cuestionó la alerta estadounidense sugiriendo una posible «intención de generar zozobra y miedo en el pueblo hondureño, más en año electoral», comparándola con «prácticas que han tenido grupos criminales para desarrollar sus actividades delictivas y manipulaciones mediáticas en contubernio con grupos políticos durante el golpe de estado y el narco estado».
La alerta emitida por la embajada estadounidense señala como posibles objetivos de tiroteos masivos para el 6 y 16 de mayo la Escuela Cristiana Elliot Dover, el Centro Cívico Gubernamental y un centro comercial no identificado, todos en Tegucigalpa. La representación diplomática indicó que coopera estrechamente con la Policía Nacional para investigar el origen y veracidad de la amenaza.
Las declaraciones discordantes entre altos funcionarios gubernamentales reflejan tensiones internas en la administración de la presidenta Xiomara Castro sobre cómo manejar las amenazas de seguridad y la percepción pública sobre la efectividad de las políticas implementadas en esta materia.
