Tegucigalpa – En medio de una creciente preocupación por la seguridad de las mujeres en cargos públicos, la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, ha levantado su voz para denunciar la alarmante normalización de amenazas y violencia contra funcionarias gubernamentales.
Sus declaraciones surgieron como respuesta a las recientes amenazas recibidas por Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La funcionaria señaló una presunta complicidad institucional en estos actos, argumentando que las amenazas provienen «desde el mismo corazón de la Policía Nacional» y que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público quedan estancadas sin resultados concretos.
El caso ha generado reacciones de diversas personalidades políticas, incluyendo al exministro de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, quien cuestionó públicamente la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de altas funcionarias del gobierno.
Villanueva aprovechó la ocasión para recordar la tragedia ocurrida en junio de 2023 en la cárcel de Támara, donde 46 mujeres perdieron la vida. Según la viceministra, este incidente, que calificó como «actos sangrientos reprochables», evidencia una crisis nacional en materia de seguridad y justicia para las mujeres.
En un llamado directo a la presidenta Xiomara Castro, la viceministra solicitó una intervención inmediata, argumentando que el actual gobierno, a pesar de estar liderado por la primera mujer presidenta del país, paradójicamente ha sido testigo de una intensificación en la persecución contra las mujeres.
La denuncia de Villanueva pone de manifiesto la compleja situación que enfrentan las mujeres en cargos públicos en Honduras, especialmente en un contexto electoral donde la seguridad y la protección de funcionarias se vuelve crucial para el desarrollo democrático del país.
