Tegucigalpa – Julissa Villanueva, viceministra de seguridad a cargo de la intervención penitenciaria en Honduras, emitió el martes un decálogo de medidas sobre qué hacer en caso de una crisis en las cárceles estatales.
Villanueva describió las 10 medidas clave de la primera etapa de emergencia declarada en el sistema penitenciario hondureño el 8 de abril de 2023, luego de que se registraran cuatro enfrentamientos simultáneos en el mismo penal hondureño.
La funcionaria confió en que el Comité de Inspección hará esfuerzos sinceros para proteger los derechos humanos de los presos para que las cárceles internas no se conviertan en “escuelas criminales”.
Estas son las primeras gestiones realizadas por el inspector penitenciario hondureño:
Desarme permanente de datos pasivos y electrónicos del 100% de los objetivos físicos.
Interferencia total de las señales telefónicas a los detenidos e interferencia autorizada con las redes oficiales de comunicaciones internas y externas.
Desde Tamara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir hasta la inmediata evaluación profesional y exhaustiva de los directores penitenciarios, hasta la liberación y depuración de guardias y policías en todos los centros penitenciarios.
Instalación de emergencia y desarrollo tecnológico de sistemas electrónicos de vigilancia y monitoreo controlados las 24 horas del día.
Transporte y traslado de presos desde los centros penitenciarios de mayor concentración, teniendo en cuenta la gravedad del delito, la etapa del juicio del imputado, El Pozo, La Tolva, Tamara y Morocelí.
Reclasificación y aislamiento de las personas privadas de libertad como consecuencia del crimen organizado, pandillas, narcotráfico y tráfico de armas.
Consultar los expedientes administrativos, de preliberación y demás circunstancias de los internos con enfermedades terminales.
Evaluarán condiciones legales para menores y otros indultos. Valoración y valoración de la fiabilidad del personal policial y civil que integra el centro penitenciario.
Aumentar el número de guardias y policías y proporcionarles equipo de comunicación, habilidades, ropa, capacitación y cheques de pago. Creación de una base de datos científica para asegurar el registro de las personas privadas de libertad
Antes de anunciar esta actividad de los Diez Mandamientos, Julissa Villanueva tomó radiografías de cómo se encuentran actualmente las 26 cárceles.
Villanueva dijo que las cárceles del país ahora están “manejadas al antojo de criminales” y que está trabajando para recuperar el control de la administración del país.
Ha dicho repetidamente que 25 prisiones están superpobladas. La capacidad es de 15,000, pero la capacidad actual es de 19,966. “No voy a confrontar a ningún privado de libertad, voy a confrontar la corrupción y el delito”, dijo la funcionaria. “Lucharé contra la corrupción y el crimen”.
Dijo que Honduras copiará el modelo de gestión penitenciaria implementado en otros países y “y los ajustaremos a la realidad nacional”.
La junta de revisión trabaja con un programa de reintegración para delincuentes juveniles, de los cuales unos 1,100 están actualmente encarcelados, dijo Villanueva.
El gobierno de Xiomara Castro ha declarado el estado de emergencia en las cárceles luego de la violencia simultánea en cuatro prisiones en todo el país, matando a una y lesionando a otras 11.
Según las autoridades penitenciarias, tras la acción en la estructura se habría producido una pelea entre las pandillas “Mara Salvatrucha MS-13” y “Barrio 18”.
Los hechos de violencia tuvieron lugar en la prisión El Pozo de Ilama en Santa Bárbara (oeste). La Tolva, Morocelí, El Paraíso (este), Tamara, Tegucigalpa; y Siria de El Porvenir, los dos últimos de Francisco Morazán (centro).
