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Víctimas de masacre de Acteal exigen justicia al Estado mexicano

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Veinticuatro años después de la matanza de 45 indígenas tzotziles perpetrada por paramilitares, familiares y sobrevivientes del ataque marcharon para exigir encarcelamiento de los autores intelectuales y materiales de esta tragedia.

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Con cánticos, oraciones, cruces, incienso y velas, las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), organización cristiana y antineoliberal, recordaron a los muertos en una tumba colectiva donde reposan los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Entre las víctimas había 15 niñas y niños, 9 hombres y 21 mujeres.

Durante la peregrinación, los Acteal Bees también recordaron al obispo Samuel Ruiz y a otros que los ayudaron a sobrellevar esta tragedia, especialmente en el momento en que fueron perseguidos y criminalizados por buscar justicia.

«Es un dolor que no se puede superar ni olvidar porque no hay justicia. El gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han avanzado en la investigación. No existen informes exhaustivos sobre el caso», dijo Guadalupe Vázquez. uno de los supervivientes.

En 2020, el gobierno mexicano admitió su responsabilidad por la masacre de Acteal, pero todos los responsables no han sido responsabilizados, incluidos los del Ejército Mexicano y los miembros del partido político PRI. Las víctimas y supervivientes de Acteal exigen memoria, verdad y justicia. pic.twitter.com/wkQaUW7OOz

– Voces en movimiento (@VIM_Media)
23 de diciembre de 2021

El 22 de diciembre de 1997, los Abejas de Acteal fueron atacados por un centenar de paramilitares mientras rezaban en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas. En ese momento, expresaron su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sus declaraciones los convirtieron en blanco de grupos paramilitares cuyo funcionamiento fue tolerado por el Estado mexicano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Debido a esto, los soldados en un puesto militar cercano no intervinieron durante el ataque, que duró horas.

Los defensores de derechos humanos han generado varios procesos judiciales internacionales y nacionales para encontrar a los culpables de la masacre de Acteal. Uno de ellos tuvo un resultado ignominioso: en 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un caso presentado contra el residente de Connecticut y ex presidente Ernesto Zedillo por motivos de «inmunidad soberana» como exjefe de estado.

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