San José, Costa Rica – La justicia internacional señaló a Honduras por graves omisiones en el caso de Leonela Zelaya, una mujer transgénero que enfrentó sistemáticas violaciones a sus derechos fundamentales durante 2004.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que responsabiliza al país centroamericano por detenciones sin fundamento legal y por una investigación deficiente tras el fallecimiento de la víctima.
El tribunal con sede en San José, Costa Rica, documentó tres arrestos ilegales contra Zelaya —ocurridos el 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004— ejecutados bajo normativas ambiguas que permitieron actuaciones discrecionales de las autoridades policiales. La sentencia subraya que el Estado no justificó adecuadamente ninguna de estas privaciones de libertad.
Investigación plagada de irregularidades
Tras la muerte de Leonela Zelaya el 7 de septiembre de 2004, las autoridades hondureñas acumularon una serie de errores críticos en la investigación. El organismo internacional identificó fallas como la incorrecta identificación de la víctima, ausencia de documentación en la escena del hallazgo del cuerpo y omisión de testimonios clave.
Particularmente grave resultó que los investigadores ignoraron el contexto de violencia contra mujeres trans y no consideraron la identidad de género de Zelaya como posible motivación del crimen. Además, el proceso judicial excedió cualquier plazo razonable para su resolución.
Reconocimiento del vínculo afectivo
La Corte otorgó especial relevancia al sufrimiento de Thalía Rodríguez, compañera de vida de Leonela durante nueve años. El tribunal reconoció que Rodríguez, también mujer trans, asumió sola la reclamación del cuerpo, los gastos funerarios y la búsqueda de justicia en un entorno hostil y discriminatorio.
La sentencia establece que la demora injustificada y la negligencia investigativa causaron en Rodríguez sentimientos de inseguridad, frustración e impotencia, violando su derecho a la integridad personal.
Medidas de reparación ordenadas
Entre las disposiciones dictadas por la Corte destacan la reapertura del expediente judicial para identificar y sancionar a los responsables de la muerte de Zelaya. También se ordenó la realización de un acto público donde el Estado hondureño reconozca su responsabilidad internacional.
El fallo exige además reformas a la Ley de Policía y Convivencia Social para establecer criterios claros y específicos que limiten la discrecionalidad en detenciones contravencionales. La publicación de la sentencia completa forma parte del proceso de reparación.
El caso evidencia las múltiples vulnerabilidades que enfrentaba Zelaya: mujer trans, trabajadora sexual, en situación de pobreza y portadora de VIH, factores que, según la Corte, debieron motivar una protección reforzada por parte del Estado hondureño.
