Tegucigalpa, Honduras. – Abandonar la casa, alejarse de la comunidad y dejar atrás los medios de vida se convirtió en la única alternativa para miles de hondureños que buscaban proteger su vida, libertad o integridad.
Durante la última década, las quejas relacionadas con el desplazamiento forzado interno involucraron a 24,864 personas en todo el territorio nacional, según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI).
Entre 2016 y 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recibió 95,850 quejas. De esa cantidad, 10,077 estuvieron relacionadas con personas desplazadas o en riesgo de tener que abandonar sus hogares.
Los registros indican que 3,763 personas fueron obligadas a salir de sus viviendas para mantenerse a salvo, mientras otras 6,314 permanecieron en riesgo de desplazamiento.
La problemática se agudizó durante los últimos años. Solo entre 2022 y 2025, el Conadeh atendió cerca de 5,000 quejas que afectaron a 12,827 personas de distintas edades y sexos.
Entre los principales responsables señalados aparecen agresores desconocidos e integrantes de maras y pandillas. El temor y la incertidumbre provocados por estas amenazas han llevado a familias completas a abandonar sus comunidades.
El desplazamiento no termina con la salida del hogar. Las víctimas también enfrentan la ruptura de sus vínculos familiares y comunitarios, la pérdida de sus medios de subsistencia y mayores dificultades para ejercer derechos fundamentales.
El acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación y empleo forma parte de los desafíos que acompañan a quienes deben comenzar de nuevo lejos de sus lugares de origen.
Frente a este panorama, defensores de derechos humanos pidieron fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección y atención a las víctimas.
También demandaron medidas firmes contra las estructuras criminales responsables de provocar el desplazamiento forzado en Honduras.
