Tegucigalpa, Honduras. – Estados Unidos lanzó este sábado su advertencia más contundente contra el oficialismo hondureño al amenazar con «graves consecuencias» para quienes intenten anular de manera ilegal los resultados de las elecciones generales, mientras simultáneamente anuncia su disposición a trabajar directamente con el presidente electo Nasry «Tito» Asfura, otorgándole reconocimiento y legitimidad internacional plena.
El pronunciamiento del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental representa un respaldo explícito a la certificación oficial del CNE que declaró ganador al candidato nacionalista, invocando que las «voces de 3.8 millones de hondureños han hablado» en las urnas y que cualquier maniobra para desconocer esa voluntad popular enfrentará repercusiones severas de parte de Washington.
La declaración estadounidense adquiere particular gravedad porque ocurre después de que la presidenta Xiomara Castro sancionara el decreto legislativo que ordena un nuevo escrutinio electoral y que fue publicado en el diario oficial La Gaceta, convirtiendo en ley un instrumento que organismos internacionales caracterizan como mecanismo para anular resultados legítimos.
Washington rechazó de forma categórica acciones que busquen desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, estableciendo una línea roja clara que el gobierno de Castro y el ala oficialista del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo habrían cruzado al aprobar y sancionar el decreto de recuento especial de actas electorales.
El gobierno estadounidense subrayó que la violencia política no tiene cabida en un proceso democrático, vinculando implícitamente los hechos de violencia registrados en el Congreso Nacional, incluido el atentado contra la diputada Gladys Aurora López, con los intentos institucionales de revertir los resultados electorales certificados.
«El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder«, señaló el mensaje, utilizando un lenguaje que constituye una advertencia directa contra la obstrucción de la alternancia democrática programada para el 27 de enero, cuando Asfura debe asumir la presidencia según la declaratoria oficial del organismo electoral.
El elemento más significativo del pronunciamiento es el anuncio de que Estados Unidos expresó su disposición a trabajar con el presidente electo Nasry «Tito» Asfura para avanzar en objetivos compartidos entre ambas naciones, una declaración que marca una señal clara de reconocimiento y legitimidad internacional al nuevo gobierno antes incluso de su toma de posesión.
Esta confirmación de colaboración directa con Asfura contrasta dramáticamente con el aislamiento que enfrenta el gobierno de Castro, evidenciando que Washington considera al nacionalista como el interlocutor legítimo de Honduras independientemente de las maniobras del oficialismo para revertir su victoria electoral.
El pronunciamiento se produce en medio de un clima de tensión política interna generado por la aprobación del decreto legislativo que el Congreso Nacional y la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) impulsaron para realizar un recuento especial que desconoce la declaratoria del CNE, y constituye una advertencia directa contra intentos de desestabilización del orden democrático.
La posición estadounidense se alinea con el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que esta semana expresó su preocupación por la violencia e ilegalidad del ala legislativa oficialista que busca dañar la democracia hondureña mediante la usurpación de funciones electorales que constitucionalmente corresponden al CNE.
La amenaza de «graves consecuencias» sin especificar su naturaleza deja abierta la posibilidad de sanciones individuales, restricciones de visas, congelamiento de activos o medidas diplomáticas contra funcionarios del gobierno de Castro y legisladores de Libre involucrados en la aprobación y sanción del decreto que busca anular los resultados electorales certificados.
El timing del pronunciamiento estadounidense es estratégico: ocurre después de que Castro sancionara el decreto y se publicara en La Gaceta, pero antes de que se concrete cualquier intento de ejecutar el recuento o de que el Congreso asuma funciones del CNE, estableciendo una línea de advertencia preventiva sobre las consecuencias de materializar la usurpación de atribuciones electorales.
La referencia explícita a los 3.8 millones de hondureños que participaron en las elecciones del 30 de noviembre subraya que Washington considera que cualquier anulación de resultados no solo afectaría a Asfura sino que desconocería la voluntad de millones de ciudadanos, elevando la gravedad del asunto más allá de una disputa entre partidos políticos.
El anuncio de disposición a trabajar con Asfura en objetivos compartidos sugiere que Estados Unidos ya considera inevitable su ascenso a la presidencia el 27 de enero y está construyendo puentes con la futura administración, dejando claro que el gobierno de Castro ha perdido toda capacidad de influir en la relación bilateral al intentar revertir resultados electorales legítimos.
