El presidente Trump pasó meses declarando que el derrocamiento de Nicolás Maduro había asegurado el petróleo del país para Estados Unidos. Cuando las compañías energéticas estadounidenses se resistieron a invertir al ritmo y la escala que él deseaba, su administración ideó una solución extraordinaria para convertir su visión en realidad: convertir al propio gobierno estadounidense en inversor.
El acuerdo anunciado el viernes por la noche transformaría al gobierno estadounidense, pasando de ser un intermediario de las inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela a convertirse en un inversor en sí mismo.
Esto le daría a Washington una participación financiera directa en una empresa privada a la que se le concederían derechos centenarios sobre algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo , y vincularía más estrechamente a Estados Unidos con el gobierno no electo que otorga esos derechos.
La empresa privada, liderada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, tendría la oportunidad de explotar 17 yacimientos petrolíferos que, según se estima, contienen 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa una quinta parte de las reservas del país. El Pentágono, en una notable ampliación de sus competencias, contribuiría a financiar la empresa petrolera y se beneficiaría de su futura producción.
«Si este acuerdo logra sobrevivir a los sucesivos gobiernos venezolanos, Trump habrá asegurado para Estados Unidos reservas estratégicas de petróleo que van más allá de la revolución del gas de esquisto», declaró Schreiner Parker, socio de la consultora Rystad Energy. «Ahora bien, existe mucha incertidumbre sobre cómo se transformarán estos barriles de reservas a producción real, y quién invertirá el tiempo, el esfuerzo y el dinero necesarios para ello».
El acuerdo culmina meses de negociaciones secretas y frecuentes viajes a Caracas de funcionarios y negociadores estadounidenses. Según fuentes cercanas a las conversaciones, Trump y Delcy Rodríguez, acordaron los puntos principales del acuerdo en una llamada telefónica días antes del anuncio. Posteriormente, los funcionarios dedicaron los últimos días a ultimar los detalles para la implementación de este inusual acuerdo.
Trump anunció el acuerdo en las redes sociales el viernes por la noche, y la Casa Blanca no ofreció más comentarios.
Aunque fue negociado por altos funcionarios de ambos gobiernos, la estructura convertiría a Estados Unidos en un inversor en una empresa privada en lugar de una contraparte directa del régimen venezolano.
Según fuentes cercanas a la negociación del acuerdo, Estados Unidos planea adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners, la filial de Betancourt, y se aseguraría derechos preferenciales para comprar el 20% de su producción a precio de coste.
Según fuentes cercanas al caso, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono planea estructurar la inversión mediante warrants de bajo valor que otorgarían a Estados Unidos una participación accionaria en la empresa sin una inversión de capital significativa. Esta oficina tiene autoridad legal limitada para formalizar acuerdos destinados a respaldar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, generalmente a través de préstamos y garantías.
Betancourt ha actuado como intermediario en las transacciones energéticas de Venezuela y mantiene estrechos vínculos con Rodríguez. Enfrentó investigaciones penales por presunto lavado de dinero en España y Suiza, aunque no se presentaron cargos formales. Su empresa, NABEP, se ha convertido en la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela, después de Chevron, en los últimos dos años.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el acuerdo como un “gran triunfo” que garantizaría petróleo a bajo costo en el hemisferio occidental y precios más bajos para la gasolina en Estados Unidos. Rodríguez destacó que atraería más de 100 mil millones de dólares en inversión, más de 209 mil millones de dólares en impuestos y miles de empleos que contribuirían a la reconstrucción de la industria petrolera del país.
Sin embargo, el acuerdo enfureció a muchos venezolanos y sembró confusión entre algunos ejecutivos petroleros, e incluso entre funcionarios estadounidenses, sobre lo que se había acordado y cómo funcionaría el arreglo.
Para las petroleras estadounidenses que buscan posibles inversiones en Venezuela, la idea de competir con una empresa privada respaldada por Estados Unidos que posee participaciones en vastas extensiones de los yacimientos petrolíferos del país resulta desalentadora, según fuentes cercanas a las compañías. Funcionarios estadounidenses indicaron que la empresa estatal sería la segunda mayor poseedora de reservas probadas, después de Saudi Aramco.
“¿Por qué Estados Unidos está subsidiando y construyendo un importante competidor para su industria petrolera?”, preguntó Ed Hirs, economista especializado en energía de la Universidad de Houston. “Lucy [de la tira cómica Peanuts] volverá a sacar el balón de fútbol americano, una vez que Trump deje el cargo”.
Según las fuentes, el acuerdo también está generando preocupación en el sector sobre la posibilidad de que un nuevo gobierno venezolano pueda interponer un recurso legal con éxito y si podría mermar la confianza de los nuevos inversores a la hora de realizar inversiones.
El contenido del acuerdo parece estar en conflicto directo con la Constitución venezolana de 1999, que establece que las reservas petroleras del país pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y no pueden venderse. Los críticos afirman que el actual régimen venezolano, integrado por funcionarios no electos que se mantuvieron en el poder gracias a la administración Trump, carece de autoridad legal para vender los derechos petroleros del país.
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