Siguatepeque, Comayagua.— La presidenta Xiomara Castro eludió responder telefónicamente a la pregunta pública de su esposo Manuel Zelaya sobre si estaría dispuesta a quedarse en el poder «más allá de su mandato constitucional» si las bases del partido se lo pidieran, generando incertidumbre sobre la transición del 27 de enero.
Durante su intervención telefónica en la asamblea de Libre, Castro recordó que el partido «nació en las calles durante la resistencia popular» y destacó «los avances de sus cuatro años de gobierno», enfatizando que «cumplió la encomienda de ostentar la presidencia» bajo la dirección de Zelaya como coordinador.
La presidenta llamó a la unidad partidaria advirtiendo que «podemos pensar distinto, pero jamás caminar separados» y que «la derecha no descansa y el poder no se entrega voluntariamente», reafirmando su respaldo incondicional a Rixi Moncada y recordando: «No olvidar que somos resistencia».
Libre adoptó una resolución declarando que «no otorga legitimidad política ni moral al gobierno surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de los Estados Unidos», estableciendo una posición de «oposición firme ética y popular que ejerceremos en todas las instancias».
El partido gobernante calificó el proceso electoral como producto de un «Estado fallido» y demandó «la promoción de la justicia, donde el pueblo dicte una nueva Constitución de la República, que privilegie lo público y los beneficios para grandes mayorías y no los privilegios de la casta política y la clase económica».
En un gesto de intolerancia interna, Mel Zelaya y Rixi Moncada pidieron a dirigentes que los critican por la derrota electoral «que busquen nuevas trincheras» y los enviaron «al bipartidismo», rechazando autocrítica sobre la campaña que obtuvo apenas 19.29% de los votos frente al 40.52% de Nasry Asfura y 39.20% de Salvador Nasralla.
La negativa de Castro a responder sobre extensión de mandato, combinada con la resolución de no reconocer legitimidad del próximo gobierno, genera tensión constitucional sobre la transición democrática mientras Libre mantiene control del Ejecutivo hasta el 27 de enero.
La estrategia de «oposición firme» incluye obstaculización de la transición, movilizaciones de calle, acciones legales nacionales e internacionales, y la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente como «máxima aspiración» del proyecto político de Manuel Zelaya.
