Tegucigalpa, Honduras. – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que en los próximos días derogará el decreto de Amnistía Política conocido como «Pacto de Impunidad 2.0» junto a otras normativas que no reunieron condiciones legales para su aprobación, incluyendo decretos sobre Comisión Permanente y el convenio con la Cooperación Andina de Fomento (CAF).
Sobre el CAF, Zambrano respondió que busca regularizar y revisar el convenio porque «no tuvo las condiciones necesarias» para su aprobación al carecer de los votos requeridos para su ratificación, estableciendo que el Congreso actual corregirá irregularidades procedimentales de la legislatura anterior mediante depuración de decretos defectuosos.
El legislador expresó que se está revisando otros decretos que se puedan derogar porque no cumplieron requisitos formales, señalando que la Comisión Permanente constituye otro caso donde normativa fue aprobada sin satisfacer estándares constitucionales que rigen el proceso legislativo hondureño.
En cuanto a juicios políticos, Zambrano advirtió que no someterá a funcionarios si no posee los 86 votos necesarios para destitución, indicando que si somete a alguien y no consigue la mayoría calificada en el pleno, se tendría que esperar hasta el próximo año para volverlo a intentar según establece el reglamento parlamentario.
«No voy a someter algo en juicio político si no está la certeza de los 86 votos», señaló a periodistas manifestando que aunque no ha llegado solicitud formal de juicio político contra altos funcionarios, el tema ya está «sonando fuerte» en los pasillos del Congreso donde varios diputados ya tienen postura definida sobre procesar a miembros del gabinete.
Zambrano estableció que el juicio político no es un tema de «apasionamiento, revanchismo, emotividad y venganza» sino de «hacer las cosas bien y apegadas a la ley», rechazando presiones del diputado Rashid Mejía quien exigió «juicio político YA» contra el Fiscal General Johel Zelaya advirtiendo que sin él «estos 4 años no habrá justicia».
La derogación del «Pacto de Impunidad 2.0» eliminaría mecanismo que beneficiaría a generales Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto acusados por asesinato de Isis Obed Murillo, además de cuatro civiles procesados por terrorismo, normativa que generó controversia por intentar extinguir acción penal en casos de «motivación ideológica» con «pruebas insuficientes».
