Tegucigalpa, Honduras. – El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, exigió que las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad actúen de manera coordinada frente a las estructuras criminales, con el fin de contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de la población hondureña.
«El Congreso, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional le mandamos un mensaje al pueblo hondureño que estamos unidos en esta lucha para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra gente», comentó.
El funcionario señaló que los operadores de justicia y las instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad de facilitar las herramientas necesarias a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para detener y poner a disposición de los tribunales a los integrantes de estructuras criminales.
«Hoy llegó la hora, aquí ya no es de que vamos a ver hoy es sí o sí que se tiene que recuperar la seguridad de Honduras. Ya no podemos estar en un país donde las mujeres ya no puedan salir de noche en miedo de ser violadas. No podemos seguir en un país donde los niños ya no los dejen sus padres salir después de las 5 de la tarde por temor a la delincuencia», subrayó.
Zambrano lamentó, además, que la extorsión y la delincuencia obliguen a propietarios de negocios y de transporte a cerrar sus operaciones, mientras algunas familias se ven forzadas a trasladarse de sus colonias hacia otros sectores, ciudades o incluso fuera del país.
«En el Congreso estamos dándole todo el respaldo, las herramientas, el presupuesto y ahora que ya empezamos a tener vigencia de esas normas vamos a estar vigilando, vamos a pedir informes, vamos a pedir resultados y vamos a seguir haciendo los ajustes necesarios», precisó.
En cuanto al sistema penitenciario, Zambrano señaló que las reformas contemplan medidas para fortalecer el orden y evitar que desde los centros penales se continúen coordinando delitos, además de que se aplicarán mayores controles sobre los integrantes de estructuras criminales, incluyendo restricciones de comunicación, vigilancia y supervisión, así como su traslado a módulos de máxima seguridad.
