Tegucigalpa, Honduras. – El nuevo director de la DLCN, general en retiro Ramiro Muñoz, acusó que funcionarios estatales han mandado a matar a operadores que combatieron el narcotráfico señalando que el asesinato del general Julián González —antiguo director de la DLCN ejecutado en diciembre de 2009— fue responsabilidad de la «institucionalidad hondureña» donde «todo lo saben: quién lo mató, quién lo detuvo, quién lo siguió».
«¿Acaso no es cierto que hay funcionarios del Estado que han matado? A mí no me preocupan los narcotraficantes, a mí no me preocupan las maras y pandillas, aquí quien mata la gente son los mismos funcionarios«, afirmó Muñoz en programa Frente a Frente de Televicentro advirtiendo que operadores de justicia corruptos son «mayor peligro» que transportadores de drogas.
El zar antidrogas exigió a fiscales, jueces, militares, policías y políticos vinculados con narco que dejen de hacerlo y si no pueden «dejen sus cargos», estableciendo que si encuentra un operador de justicia involucrado en narcotráfico «con todo gusto» irá a la oficina a detenerlo sin importar jerarquía o fuero que ostente.
«Fiscales, jueces, militares, policías políticos, entre otros deberían de retirarse si trabajan en el crimen organizado», señaló Muñoz estableciendo que estos funcionarios no son servidores públicos sino «miembros del crimen organizado» que infiltraron instituciones comprometiendo capacidad del Estado para combatir narcotráfico desde dentro.
El general confirmó que existe 100% de confirmación que el narcotráfico tiene infiltradas las instituciones públicas, evidencia que sustenta acusación sobre funcionarios que ordenaron asesinatos de operadores antinarcóticos como González quien fue ejecutado durante gobierno de Porfirio Lobo sin que responsables intelectuales fueran procesados.
Muñoz indicó que también es conocido que hay dinero del narco financiando la política, señalando que es otro de los peligros al que se enfrenta el país donde estructuras criminales no solo infiltran instituciones operativas sino que comprometen proceso democrático mediante financiamiento ilegal de campañas electorales.
El alto oficial señaló que si dejan a la criminalidad y al narcotráfico sin el apoyo de los operadores de justicia, las organizaciones perderían capacidad operativa considerando que su poder deriva precisamente de protección institucional que funcionarios corruptos proveen facilitando impunidad mediante obstrucción de investigaciones y liberación de capturados.
