Pese a una mayor concienciación en materia de género, los feminicidios persisten en Latinoamérica, también entre adolescentes.
Por DW
Hace escasos días, la sociedad mexicana se estremecía por el apuñalamiento de una estudiante de 13 años en el distrito de Iztapalapa, en la capital del país. Las autoridades catalogaron el caso como delito de feminicidio en grado de tentativa, después que la joven sobreviviera al ataque propinado por otro adolescente, su exnovio, según publicó la família de la víctima en redes sociales. De acuerdo con la legislación mexicana, el detenido, un joven de 14 años, quedó en libertad bajo la tutela de sus padres.
Al igual que sucede con mujeres adultas, los homicidios por razones de género contra niñas y adolescentes son también feminicidios. De hecho, suele referirse a “feminicidio infantil” al “asesinato de niñas menores de edad debido a su género, con motivaciones misóginas o de odio hacia lo femenino”, indica a DW Daniela Castro, académica de la Unidad de Economía Política del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para María Vega, directora de la Fundación colombiana Justicia Para Todas, el feminicidio es una forma “extrema de violencia”, convirtiéndose en una forma de “dominación y una flagrante violación del derecho de las mujeres y niñas”, según indica a DW.
Persiste el fenómeno, pero faltan datos
Los casos de violencia feminicida no son delitos aislados, sino que existen miles en América Latina.
“La información disponible da cuenta de la persistencia del femicidio, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, los avances en la medición de los casos y la respuesta estatal”, indica el último boletín publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informerecoge que, en 2022, al menos 4.050 mujeres (4.004 en América Latina y 46 del Caribe) de 26 países de la región fueron víctimas de feminicidio. Brasil encabeza la lista en números absolutos, aunque es Honduras la que registra la tasa más alta. Estas cifras, no obstante, no son comparables con otros años debido a los cambios en el registro de casos de algunos paises, advierte la CEPAL, lo que afecta a la interpretaciones del número real de feminicidios. Y esto mismo sucede con las cifras de feminicidio infantil.
“No todos los países realizan el reporte de víctimas de feminicidio desagregado por grupos de edad, lo que impide un análisis exhaustivo de este fenómeno”, dice a DW Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
Basándose en ese estudio, ocho países (El Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Chile y Uruguay) contabilizaron 310 mujeres víctimas de feminicidio, 13 de las cuales tenían entre 0 y 14 años. Guatemala reportó 6 víctimas en esta franja de edad, seguido de Uruguay, con 4, y Panamá con 2.
Por otro lado, destaca la franja de 15 a 29 años, con 107 víctimas entre estos ocho países, siendo Guatemala, Paraguay, El Salvador y Chile los países con mayor número de víctimas.
En el grupo de países formado por Argentina, Colombia, Ecuador y Perú -que usan un tramo de edad distinto para medir feminicidios – 41 niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años fueron víctimas este tipo de homicidios en 2022.
Un marco común
El caso de la estudiante en Iztapalapa, como otros en la región, ha puesto en la mira el paraguas legal que sostiene a menores de edad culpables de feminicidios. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio marco de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hay que considerar a los menores de 18 años como tales, de manera que incluso tras un crimen de feminicidio, estos son inimputables -exentos de penas de cárcel- y en su lugar se deben aplicar medidas sustitutorias, como una cuestodia permanente o la asignación del menor a una familia.
Solo como último recurso, y en un plazo breve, se aplicaría la prisión preventiva, explica a DW Miguel Barboza, investigador senior del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Bajo ese marco común, Barboza reconoce que “no todos los sistemas de justicia penal en América Latina cuentan con el reconocimiento de estos estándares, lo cual es bastante problemático”. Aún así, se ha producido un “avance muy fuerte, como las medidas alternativas a la prisión preventiva, determinar patrones de comportamiento, y brindar servicios psicológicos”, sostiene.
No obstante, para Amalia Alarcón, gerente regional de Programas e Influencia de la ONG Plan Internacional, “la teoría menciona que la justicia juvenil debe de tener un enfoque rehabilitador, centrándose en la reintegración del niño o la niña que comete el delito, pero esto no pasa en los sistemas juveniles en la región”.
Para Barboza, el problema radica en que no todos los países tipifican el feminicidio de la misma forma y que incluso hay “resistencias” y “desconocimiento” desde las instituciones.
Según recoge la CEPAL, en América Latina hay 18 países que han aprobado una legislación para tipificar los feminicidios, de los cuales 13 cuentan con leyes integrales para enfrentar este tipo de violencia.
En el caso de México, el delito de feminicidio se tipifica en el artículo 325 el Código Penal Federal, aunque “el feminicidio infantil no está separado de los delitos de feminicidio, por lo que no se visibilizan estos casos”, explica a DW Daniela Castro. La legislación mexicana también contempla el principio del “interés superior de la niñez”, de manera que los jóvenes culpables de delitos quedan exentos de responsabilidad penal. Por otro lado, a un adolescente condenado por feminicidio solo se le podrá imponer el “internamiento” como última opción, y solo si tiene entre 14 y 18 años.
Para Castro, es necesario “agotar la vía de la prevención”, con políticas de erradicación de la violencia de género, en las que se incluyan programas educativos y campañas de concientización.
En opinión de Miguel Barboza, “el feminicidio, es un delito que va a ir en aumento, especialmente teniendo en cuenta las características de las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías”, dice a DW. “Es un delito que no deja de ser grave, pero tampoco deja de formar parte del acervo de delitos tipificados a nivel regional”, recalca.
