Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Honduras denunciamos que, pese a la firma del Decreto Ejecutivo Nº 75-2023 en marzo, que aprobó el uso y comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, no existe un acceso de la PAE en en el sistema sanitario público, ni en las farmacias y donde se encuentran, se comercializa sin registro sanitario.
A la fecha, tenemos cuatro meses desde que la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro levantó la prohibición. Las hondureñas siguen enfrentando barreras para acceder a las Pastillas de Anticoncepción de Emergencias (PAE).
Y aunque la decisión de la mandataria fue “un histórico hecho de justicia, es necesario que se garantice que la píldora esté disponible para todas las que la necesiten” como manifiesta Jinna Rosales, vocera del Grupo Estratégico por la PAE, GEPAE, una plataforma que aglutina distintas organizaciones que impulsan la liberación de la PAE y ahora el acceso al anticonceptivo de emergencia en el país.
Hoy en ningún servicio de salud se garantiza el acceso LIBRE de la PAE por lo cual se violan los derechos a la igualdad, la dignidad, la autonomía, la información, la integridad física y el respeto a la vida privada, junto con el más alto estándar posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de las hondureñas.
“La igualdad en la salud reproductiva incluye el acceso, sin discriminación, a anticonceptivos de emergencia económicamente accesibles y de calidad” complementó Jinna Rosales. Hoy, ante la falta de una cadena de distribución legal, muchas mujeres, especialmente jóvenes, quedan expuestas a los elevados costos del mercado clandestino; a peligrosas falsificaciones y uso incorrecto de la píldora por falta de información.
La PAE impide el embarazo al evitar o retrasar la ovulación y, de acuerdo con la OMS, su principio activo no interrumpe un embarazo establecido ni daña un embrión en desarrollo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta marzo de 2022 el índice de embarazos en adolescentes era del 23%, la tasa más alta de Centroamérica y más del doble del promedio mundial, según el Informe de Población Mundial de la ONU por lo que la falta del acceso pone en riesgo la salud y el futuro de cientos de miles de hondureñas en edad reproductiva.
“Hacemos un llamado urgente al gobierno porque hoy van 120 días, 2880 horas desde la firma del acuerdo y las hondureñas no podemos materializar el derecho a cuidar nuestro futuro” afirma Jinna Rosales.
Por eso el GEPAE lanza una campaña nacional “Tenemos derecho a cuidar nuestro futuro” para informar a la población hondureña sobre el derecho de las personas al acceso libre y seguro a la PAE y fortalecer la comprensión sobre su uso, efectos y acceso en el país.
Un paso concreto que piden las activistas es que el ministro de salud solicite a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la autorización necesaria para la adquisición y distribución de un producto en los servicios de salud.
Esta autorización se basa en una evaluación exhaustiva de la evidencia que respalda la calidad, eficacia y seguridad del producto. “Es decir, la PAE se comercializa y se usa sin ningún control de calidad, lo cual representa un riesgo en la calidad del tratamiento hormonal para las hondureñas” señalan.
