Tegucigalpa. – Germán Altamirano, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), pidió este miércoles que se respete la ley y que Rasel Tomé y Edgardo Casaña, que están sentados a su lado en el banquillo y que tienen sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por hechos indebidos, sea inhabilitado.
Altamirano aclaró que no hay discrepancias dentro de la bancada de Libre, pero también aseguró que si existe la corrupción y la impunidad, «vamos a estar en contra sin distinción de colores políticos, porque por eso votó el pueblo hondureño».
El parlamentario hizo el siguiente argumento a medios nacionales: «La bancada no está dividida, está sumamente unida, pero sí nos molesta tener que pagar una factura en el escarnio público por otros compañeros con los que no tenemos nada que ver y que además están acusados de situaciones de injusticia».
Destacó que la nueva administración de la CSJ, que estará en funciones de 2023 a 2030, está demostrando que está respetando la institucionalidad con estas acciones, lo que abre la esperanza de recuperar la credibilidad de la población.
«Que se cumplan las sentencias de la CSJ, eso es lo que se solicita. Y no es una solicitud nuestra, sino demostrarle al pueblo hondureño que la nueva CSJ si puede hacer las cosas diferentes», enfatizó Altamirano.
Edgardo Casaña fue condenado por el delito de abuso de poder contra el Instituto Nacional de Bienestar Docente (Inprema), por lo que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Un reciente amparo interpuesto en apoyo al diputado Libre fue recientemente declarado improcedente por la Sala Constitucional de la CSJ, poniendo su inhabilitación civil y política en manos de un tribunal de ejecución.
Rasel Tomé fue declarado culpable de abusar de su posición de autoridad mientras se desempeñaba como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entre 2006 y 2008. Fue condenado a tres años de prisión y seis años de inhabilitación especial.
Rasel Tomé se negó ilegalmente a entregar una frecuencia al canal 12 según la sentencia en su contra.
La moción de juicio político de Rasel Tomé y Edgardo Casaa fue rechazada por el Congreso Nacional en julio de 2022. El Congreso Nacional tenía una mayoría de miembros libres o de izquierda.
Cuando se sometió a votación la iniciativa, el Partido Nacional (de derecha) se convirtió en el único partidario. Lo había propuesto Karen Martínez, diputada del Partido Anticorrupción (PAC), quien pidió destituir a los vicepresidentes del Legislativo por violar la Constitución de la República.
Lo anterior se sustenta en que, además de sus condenas, ambos fueron incluidos en la Lista Engel que mantiene el Departamento de Estado de Estados Unidos, que también suspendió la visa de Rasel Tomé, como corruptos.
