La propuesta de los legisladores controlados por el régimen de Daniel Ortega elimina la naturaleza “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” de esa institución, y ofrece cárcel a los “rebeldes”.
Los legisladores controlados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua propusieron este martes una reforma a la Constitución y otra a la Ley de la Policía Nacional, en la que se elimina la naturaleza “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” de esa institución, y se ofrece cárcel a los oficiales desertores y desobedientes.
Las iniciativas, presentadas para ser aprobadas con carácter urgente por el Parlamento, donde el régimen sandinista tiene mayoría absoluta, propone reformar el artículo 97 de la Constitución, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad.
La propuesta elimina el principio de que la institución del orden público es un cuerpo armado “profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante”, así como “de naturaleza civil”.
Además, subordina la Policía Nacional al dictador Daniel Ortega.
Actualmente, según la Constitución, la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, se rige “en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia” y que “estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente”.
“La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”, señala la propuesta.
Castigo a los desertores
El grupo parlamentario de la dictadura sandinista también propuso reformar la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la que incluye tres nuevos artículos para castigar a los oficiales desertores y desobedientes.
Sobre la deserción, la propuesta establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
En cuanto al incumplimiento de deberes, la iniciativa establece que “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
Esa propuesta surge luego de que el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán revelara que la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en el departamento de Matagalpa (norte), desertó de las filas policiales y se fue a Estados Unidos.
“Bienvenida al imperio yanki agresor de la robo-ilusión”, en referencia a la revolución sandinista de 1979, escribió Morazán, un abogado experto en administración de justicia que da seguimiento a las deserciones de sandinistas en el Gobierno y en el Estado.
Junto a la oficial, según Morazán, viajaron a Estados Unidos un matrimonio conformado por los militantes sandinistas Juan Alberto Soza Jarquín y Gabriela Alejandra Rayo Castro.
Rayo Castro fue convocada como testigo en el juicio en contra del obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos junto con otros 222 opositores.
“Actualmente en el Estado (de Nicaragua) nadie confía en nadie”, afirmó Morazán, que renunció como trabajador del Poder Judicial.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
