Nueva York. – El pasado 28 de julio, la abogada Sabrina Shroff, defensora del expresidente Juan Orlando Hernández, envió una carta al juez Kevin Castel de la Corte del Distrito Sur de Nueva York expresando su preocupación por el riesgo de que su cliente sea excluido del uso del Classified Information Procedures Act (CIPA).
En la carta, Shroff argumentó que durante la audiencia de información clasificada del 28 de junio pasado, el tribunal no abordó la sección 5 del CIPA, la cual exige una «Notificación de la intención del acusado de divulgar información» durante el juicio.
Esta omisión resultó en la falta de establecimiento de fechas límites específicas, lo que a su juicio no debería poner en peligro el uso de dicha información.
Menos de una semana después, el gobierno de Estados Unidos, representado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, envió una carta al juez Castel disculpándose por cualquier malentendido de las órdenes de la Corte con respecto al cronograma de CIPA en este caso.
El documento proporcionó un marco legal e histórico de las órdenes judiciales y las fechas correspondientes, aclarando que el gobierno de EE. UU. está dispuesto a acatar el cronograma del tribunal y responderá a cualquier presentación de alias JOH hecha antes del 9 de agosto. Cabe destacar que el juicio está programado para el 5 de febrero de 2024.
En caso de que la fecha límite del 9 de agosto no incluya la notificación de la Sección 5 de CIPA de Hernández, el Gobierno solicitó respetuosamente al Tribunal establecer una fecha límite para dicha notificación, asegurando así un tiempo adecuado para completar el proceso de CIPA con suficiente antelación al juicio.
Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado el 21 de abril de 2022, enfrentará un juicio por narcotráfico el próximo 5 de febrero de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las acusaciones contra JOH incluyen tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.
La reprogramación del juicio surgió después de que el juez a cargo, Kevin Castel, accediera a la solicitud de la defensa de disponer de más tiempo para analizar la abrumadora evidencia en contra del expresidente hondureño.
Con 60 días de antelación al juicio, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York deberá entregar el material y revelar la identidad de los testigos que comparecerán en el juicio.
Además, la audiencia preliminar quedó programada para el 18 de enero de 2024, fecha en la cual tanto la defensa como la Fiscalía acordaron estar preparados para evitar más retrasos en el juicio.
Castel sugirió la idea de unificar los juicios de JOH, con el de Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla y Mauricio Hernández a solicitud de la Fiscalía, lo cual condujo al aplazamiento del juicio, originalmente planeado para el 24 de abril de 2023 y luego reprogramado para el 18 de septiembre.
