Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han emitido un llamado urgente al Estado de Honduras para garantizar estándares internacionales en el proceso de elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto del país.
Estos estándares internacionales, enfatizan, deben estar basados en principios fundamentales como la independencia, la imparcialidad, la transparencia y la paridad de género durante todo el proceso de selección de los futuros titulares de la Fiscalía General de la República.
La CIDH subrayó la importancia de que el proceso se rija por criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia, así como una amplia participación ciudadana. Estos principios son esenciales para garantizar que la persona seleccionada sea idónea y capaz de desempeñar el cargo de manera justa y equitativa.
El organismo interamericano hizo hincapié en que el Estado debe implementar medidas para prevenir la discrecionalidad y evitar que intereses particulares o partidistas influyan en la selección de los funcionarios encargados de liderar la Fiscalía General. Esto es crucial para preservar la democracia representativa, la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que son fundamentales para la protección de las libertades civiles y los derechos humanos.
En pos de garantizar la transparencia y el acceso a la información durante este proceso, la CIDH considera esencial que la votación de los miembros del Congreso Nacional sea pública, debidamente fundamentada y motivada, y que asegure la paridad de género en su resultado.
La CIDH también destacó que el Estado de Honduras ha reafirmado su compromiso con una elección transparente y justa de los futuros titulares de la Fiscalía General y la Fiscalía General Adjunta del Ministerio Público. Como parte de este compromiso, se ha aprobado el Reglamento de la Junta Proponente encargada de nominar a los candidatos correspondientes.
Además, la CIDH y su RELE hicieron un llamado al Estado para garantizar que el proceso de selección y nombramiento cumpla con estándares mínimos de mérito, capacidad, idoneidad y honradez, establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Esto, a su vez, garantizará la autonomía e independencia del Ministerio Público como entidad responsable del acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en Honduras.
