Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha emitido una declaración en la que aborda la situación del Ministerio Público y sus autoridades, el Fiscal General Oscar Chinchilla y el Fiscal Adjunto Arturo Sibrián Bueso. Redondo sostiene que, según la Constitución Política de Honduras, el mandato de estas autoridades tiene una duración de cinco años.
Sin embargo, Redondo menciona que aunque una ley aprobada por el Congreso Nacional establece que en cargos de elección de segundo grado realizados por el Poder Legislativo, como el Ministerio Público, los titulares de dichos entes deben mantenerse en sus cargos en caso de no ser electos, en el caso del Fiscal General y su Adjunto esta disposición no aplica. Esto se debe a que considera que no cumplieron con su deber de perseguir el delito.
El presidente del Legislativo también señala que la inhabilitación se extiende al Director General de Fiscales, ya que este cargo es un nombramiento directo del Fiscal General y responde a sus lineamientos.
A pesar de estas declaraciones, Redondo no aclara quién está a cargo del Ministerio Público si las tres figuras mencionadas no son reconocidas por el Legislativo. Además, advierte que si continúan en sus funciones, podrían cometer el delito de usurpación de funciones de cargo público.
Para abordar la situación, Redondo destaca que la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público cuenta con amplias facultades para continuar su labor en la lucha contra la corrupción.
Esto se habilitó mediante la aprobación del decreto 67-2022. Mientras tanto, insta a los diputados a estar pendientes de las redes sociales y los líderes de bancada para recibir la convocatoria y proceder con la votación para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
