El Gobierno de Bolivia dispuso la suspensión de clases desde el lunes en tres regiones afectadas por el humo de los incendios forestales, que también provocó cancelaciones y demoras en vuelos comerciales en las últimas horas.
“Hemos tomado la decisión de suspender las actividades educativas en algunos distritos educativos de Santa Cruz, Beni y norte de La Paz, tomando en cuenta los altos índices de contaminación ambiental”, explicó a los medios el ministro de Educación, Edgar Pary.
El ministro recordó que la gestión escolar 2023 terminará el próximo 8 de diciembre, pero aseguró que para las autoridades “es prioridad precautelar la salud de los estudiantes”.
Ciudades como Santa Cruz o La Paz han amanecido en las últimas semanas con los cielos cubiertos por el humo proveniente de incendios generados en zonas boscosas y agrícolas.
El humo también ha causado “demoras y afectación” en los vuelos comerciales sobre todo en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba y Beni, informó por su parte el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño.
Hasta el momento, el día con más incidentes fue el domingo, cuando se cancelaron 12 vuelos y 63 despegaron con retraso, de un total de 112 que estaban programados para esa jornada, detalló este lunes Montaño.
El ministro indicó que unos 1.500 pasajeros resultaron afectados por las cancelaciones y demoras que, según dijo, son “culpa de alguna gente que se está dedicando a incendiar los campos y el bosque”.
“Tenemos que asegurar la vida de nuestros pasajeros y la normativa dice claramente que a 1.600 metros de visibilidad podemos dar luz verde para que sigan operando. Pero ayer ha bajado a menos de 600 metros la visibilidad, había bastante humo”, lamentó.
Situación nacional
El Gobierno boliviano reportó que entre el domingo y este lunes los focos de calor en el país pasaron de 2.434 a 1.006, debido a la lluvia que cayó en varias zonas afectadas.
Según las autoridades, los puntos de incendios activos están en las localidades turísticas de Rurrenabaque, en Beni, y San Buenaventura, en La Paz, que son la puerta de ingreso al parque nacional Madidi, uno de los más biodiversos del mundo.
Además hay incendios activos en las localidades de Urubichá en Santa Cruz y en las también benianas San Ignacio de Moxos y San Borja.
La Gobernación de Santa Cruz informó sobre la muerte de una decena de personas por alteraciones respiratorias por contaminación en días pasados, lo que fue negado este lunes por la ministra de Salud, María Renée Castro.
Según Castro, esas muertes ocurrieron por el “golpe de calor” registrado en Santa Cruz y mencionó que varios de los fallecidos tenían enfermedades de base como diabetes e hipertensión arterial.
Castro señaló que en Santa Cruz hubo una reducción del índice de contaminación ambiental que pasó de 263 a 156 entre el domingo y esta jornada, aunque en La Paz se registró un incremento, de 90 a 140 en el mismo periodo.
El Ejecutivo ha pedido apoyo a Brasil, Chile, Francia y Venezuela para contener los incendios forestales e informó que unos 30 bomberos venezolanos ya se encuentran en territorio boliviano con esa misión.
En las últimas semanas, indígenas, activistas y organizaciones no gubernamentales ambientalistas han pedido que el Gobierno de Luis Arce declare “desastre nacional” por los incendios.
También reclaman la anulación de las normas que desde hace algunos años autorizan las quemas controladas o ‘chaqueos’, que se practican en el campo para la habilitación de las tierras para la siembra o pastoreo.
Los colegios de biólogos de La Paz y Cochabamba alertaron en un pronunciamiento que los incendios “están contribuyendo a sequías futuras, poniendo en serio riesgo la agricultura y la ganadería en el Altiplano”, ya que las lluvias en esa zona dependen de la humedad proveniente de la región amazónica.
La privada Fundación Tierra, especializada en desarrollo rural sostenible, alertó de que en siete años de vigencia de una de las leyes que los ambientalistas exigen que se anule, los desmontes autorizados no fueron destinados a la producción de alimentos, como es el objetivo de la norma cuestionada.
