Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP) dio un paso significativo en el caso del asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Isabel Cáceres Flores al presentar un requerimiento fiscal con orden de captura contra un nuevo involucrado en este crimen de alto impacto.
En las últimas semanas, las autoridades intensificaron las investigaciones y lograron establecer, de manera objetiva, la existencia de pruebas fehacientes que permiten individualizar la responsabilidad penal de una persona clave en la planificación y ejecución del asesinato de Cáceres.
Este caso se relaciona directamente con un plan para eliminar cualquier obstáculo que pudiera interferir con las operaciones de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.
La líder ambientalista fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su residencia en La Esperanza, Intibucá, como resultado de su activismo contra proyectos hidroeléctricos en la zona.
La investigación del MP ha permitido concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre diversos actores, incluyendo a David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo (condenado anteriormente), revelando una trama detrás del asesinato de Cáceres.
En noviembre de 2018, se emitió la primera condena en este caso, culpando a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez por el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y asesinato en grado de tentativa contra un testigo protegido.
Posteriormente, en junio de 2022, se dictó una sentencia de 22 años seis meses de reclusión contra Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA. A pesar de estas condenas, el MP continúa trabajando para esclarecer todos los aspectos del caso, buscando capturas emblemáticas que arrojen luz sobre la complejidad de este crimen.
