“Es una acusación ridícula, somos una organización que protesta de forma pacífica para que se tomen medidas contra la crisis climática”, responde un portavoz.
Por El País
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal por “conformar una estructura criminal” y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros. Los arrestos se realizaron en diciembre de forma coordinada en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Entre los detenidos se encuentran tres personas a quienes Brigada Provincial de Información considera los máximos responsables de la organización, que coordinaban y dirigían el colectivo “como una organización criminal”, según ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Una de esas tres personas es Bilbo Bassaterra, que responde: “Toda esta acusación es ridícula desde el punto de vista del derecho, porque uno de los requisitos que tiene el tipo de organización criminal es que con estos delitos estemos ganando dinero, cuando no es el caso”.
Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil creado hace dos años cuyos miembros han logrado gran repercusión al pegarse a las majas de Goya en el Museo del Prado, cortar parte de la M-30 de Madrid o una etapa de la Vuelta a España o intentar amarrarse a la tribuna del Congreso. Son acciones disruptivas que llaman la atención porque subvierten el orden de las cosas y generan incomodidad.
La Policía señala que la investigación arrancó en enero de 2022 tras el lanzamiento de pintura por parte de varias personas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid. De hecho, ese ministerio es una de las obsesiones de los miembros de este colectivo, ya que exigen el fin de las subvenciones a la ganadería industrial como clave para cambiar el sistema alimentario y mitigar así la emergencia climática.
Desde entonces, miembros de Futuro Vegetal actuaron en otros puntos de España realizando, entre otros hechos considerados delictivos por los agentes, nuevos lanzamientos de pintura a edificios y obras artísticas en museos, cortes de circulación en carreteras o accediendo a pistas de diferentes aeropuertos. El avance de las pesquisas policiales constató que esta organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas, coordinados por líderes —conocidos como “dinamizadores”— que “poseían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades”.
Siempre según la versión policial, la actividad reiterada y sostenida en el tiempo de este grupo consiguió, a su vez, establecer relaciones, a nivel internacional, con otros colectivos similares que ya fueron asociados en sus países de origen con organizaciones criminales. La investigación policial señala que la organización ha recibido más de 140.000 euros en donativos, parte de los cuales fueron, presuntamente, recibidos por sus líderes por coordinar la actividad delictiva.
Los agentes atribuyen a este colectivo 65 hechos —29 de ellos en Madrid— cometidos por toda la geografía nacional e incluso en el extranjero, entre ellos el lanzamiento de pintura a las fachadas del Congreso de los Diputados y otros edificios, el corte de la circulación en carreteras de circunvalación de Madrid, daños a obras artísticas del Museo del Prado y otros bienes privados, y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.
Según fuentes de la investigación, el colectivo nació como escisión de Extinction Rebellion —en España, Rebelión o extinción— y adoptó un enfoque más extremo en la lucha contra el cambio climático, que incluye acciones de sabotaje. Por eso, los consideran “una organización ecologista radical”. Las pesquisas se han centrado en identificar a los líderes, pero para atribuirles el delito de organización criminal se ha extendido a toda la organización, conformada por estos 22 activistas activos y alrededor de 300 simpatizantes. Dos de los líderes fueron detenidos el 1 de diciembre en el Pirineo francés, en colaboración con las autoridades francesas.
El coste total de los daños causados se estima en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico. Por estos hechos, los 22 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos. Fuentes de la investigación consideran que con estas actuaciones la organización quedaría desarticulada, aunque podrían producirse más protestas en su nombre.
Protestas con zumo de remolacha
Bilbo Bassaterra, uno de los portavoces de Futuro Vegetal, responde a la versión policial: “Somos una organización que hace protestas no violentas para que se tomen medidas contra la crisis climática. Los supuestos delitos que nos atribuyen son muy cuestionables. De hecho, no tenemos por ahora ninguna sentencia condenatoria”. En su opinión, “cuantificar los daños en medio millón de euros es absurdo y desproporcionado, porque en la mayoría de las acciones lanzamos pintura de témperas con base al agua o zumo de remolacha, y ambas sustancias se pueden limpiar solo con una manguera con agua. Lo hacemos así precisamente para evitar posibles delitos por daños y que la acción se quede en una sanción administrativa”.
En cuanto a la acusación de ser uno de los líderes del movimiento, Bassatera señala: “Somos un movimiento descentralizado, horizontal, sin jerarquía en la toma de decisiones. Las acciones las deciden los grupos de forma descentralizada. Tal y como explicamos en nuestra web, si hay gente que quiere hacer una acción en nombre de Futuro Vegetal se ponen de acuerdo y la hacen. No hay nadie que les diga haced esto o lo otro. Yo me entero de algunas acciones después de que se produzcan”.
En cuanto a la parte de las remuneraciones, Bassaterra admite que algunas personas reciben ayudas económicas por ocuparse de tareas administrativas, de comunicación, redes sociales o charlas. “Somos transparentes, está todo explicado en la web, no es una remuneración, sino una manera de seguir haciendo estas acciones”. Y añade: “Las protestas que hacemos son similares a las que Greenpeace lleva realizando décadas. Con los mismos criterios se podría imputar a Greenpeace o a otra gran organización ecologista. Es absurdo”.
El activismo climático está en el punto de mira de las autoridades en varios países de Europa. De hecho, ya hay militantes de Just Stop Oil en la cárcel en Reino Unido por protestas pacíficas, mientras que el Gobierno francés ha intentado ilegalizar y disolver al movimiento Les soulèvements de la terre, aunque la justicia acaba de revocar esa decisión. En Alemania, hay pendiente un juicio al movimiento denominado Rebelión Científica por una protesta, en la que hubo científicos españoles
