Tegucigalpa – Expertos hondureños han coincidido en que, a pesar de la intensa campaña emprendida por la familia del expresidente Juan Orlando Hernández, su situación legal se presenta como desfavorable, y su estrategia se orienta más hacia el ámbito político y mediático.
Analistas como el periodista y escritor Oscar Estrada señalan que, desde una perspectiva jurídica, «el caso está perdido», indicando que la defensa y el propio JOH están centrando sus esfuerzos en una lucha política y mediática, con la intención de preservar la imagen del Partido Nacional.
Estrada opina que la preocupación principal de Juan Orlando Hernández radica en el impacto que estos eventos podrían tener en la institución política azul.
A pesar de las dificultades jurídicas, el partido aún tendría la posibilidad de reconstruirse en el futuro si gestiona adecuadamente sus liderazgos y estrategias. Según el periodista, quienes estuvieron vinculados al gobierno de JOH son los más preocupados por las implicaciones de este proceso legal.
Por su parte, el abogado penalista Marlon Duarte sostiene que la condena para Hernández es «inminente» debido a la carga probatoria centrada en pruebas testimoniales para delitos de conspiración.
Sin embargo, menciona que la única manera de posponer el juicio podría ser si el acusado no está en condiciones de salud aceptables, es decir, si su incapacidad es total.
La conferencia de prensa brindada por la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, junto a sus dos hijas, ha puesto de manifiesto las irregularidades que alegan en el proceso legal del exmandatario.
García denunció que el juicio no será justo debido a las «violaciones» a las que, según afirma, ha sido sometido. Además, expresó temores por la seguridad de su familia, acusando amenazas de muerte y secuestro, especialmente en el contexto de la situación en Estados Unidos.
