Tegucigalpa – En el periodo comprendido entre el año 2020 y enero del 2023, el departamento de Olancho ha experimentado un preocupante incremento en las cifras de muertes violentas, alcanzando alrededor de 1,300 casos.
Ante esta situación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha instado a las autoridades de seguridad a realizar investigaciones exhaustivas y llevar a cabo la judicialización correspondiente para evitar la persistencia de la impunidad en el país.
Durante el lapso de enero a noviembre del 2023, la Delegación Departamental del CONADEH en Olancho ha atendido a casi un centenar de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado debido a la violencia. Entre los hechos violentos que generan desplazamiento se encuentran las amenazas, asesinatos de familiares y tentativas de homicidios.
Olancho, actualmente, figura como uno de los departamentos con mayores índices de homicidios en Honduras, siendo superado únicamente por Cortés y Francisco Morazán. De las aproximadamente 14,500 muertes violentas registradas a nivel nacional desde el 2020, se estima que el 9 por ciento de estos delitos contra la vida han tenido lugar en Olancho.
Ubicado en la zona nororiental del país, Olancho ha experimentado un aumento progresivo en las cifras de homicidios en los últimos años, registrando 290 casos en el 2020, 341 en el 2021 y 355 en el 2022.
Además, se estima que en el 2023 se ha superado nuevamente la cifra de 300 muertes violentas, sumando al menos 14 víctimas en los primeros días de enero.
Catacamas y Juticalpa, dos de los municipios de Olancho, destacan como los lugares más violentos, concentrando más del 50 por ciento de los delitos contra la vida cada año.
La delegada Departamental del CONADEH en Olancho, Wendy Juárez, ha destacado la importancia de una investigación eficiente por parte de las autoridades para evitar la impunidad, señalando que en muchos casos solo se registra el levantamiento de cadáveres en los expedientes, sin avanzar en diligencias adicionales.
Juárez aboga por fortalecer los entes encargados de la investigación en el país y critica los frecuentes cambios de personal en la Dirección Policial de Investigación (DPI), limitando así el seguimiento adecuado de los casos.
La delegada subraya la urgencia de implementar una política pública efectiva en materia de seguridad que garantice la protección de la población y proporcione un ambiente seguro para sus bienes.
Ante el temor que impera en las comunidades, las personas han adoptado medidas como refugiarse temprano en sus hogares y evitar salir durante las horas nocturnas para resguardar su integridad física y su vida.
