Documentos diplomáticos clasificados de Japón quedaron expuestos en una serie de ciberataques de origen chino al Ministerio de Exteriores en 2020, revelaron este lunes fuentes conocedoras del asunto a la agencia local de noticias Kyodo, exponiendo una vez más la vulnerabilidad digital del país asiático.
Las autoridades japonesas detectaron el ataque a gran escala y la filtración de telegramas diplomáticos durante un período no especificado del mandado del primer ministro, Shinzo Abe, según la fuente, que no especificó ni la envergadura ni el contenido concreto de la información afectada, como detalló el citado medio.
Tokio y Washington debatieron sobre la adopción de contramedidas a raíz del ciberataque, que comprometieron documentos de índole altamente confidencial intercambiados diariamente entre el ministerio y sus misiones diplomáticas internacionales.
Al ser preguntado al respecto en su rueda de prensa diaria de este lunes, el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, se abstuvo de hacer comentarios por tratarse de un tema sensible.
“Sé que se ha publicado esta información”, dijo Hayashi, que no quiso reconocer la veracidad de los informes y se limitó a asegurar que “no se ha confirmado que se filtrara información sensible debido al supuesto ataque”.
“El Gobierno de Japón intenta garantizar su ciberseguridad a través de sus políticas de seguridad y el Ministerio de Exteriores trabaja para seguirla y fortalecerla”, añadió el portavoz nipón.
La ciberseguridad de Japón ha quedado comprometida en el pasado por ataques informáticos similares, un campo en el que el país ha mostrado mayores carencias que otras potencias, lo que ha causado preocupación en su principal aliado, Estados Unidos, que ha instado a Tokio a mejorar su defensas en este sentido.
En su reciente revisión de su plan de defensa nacional, Japón aseguró que potenciaría sus medidas de ciberseguridad para prevenir ataques que puedan comprometer la seguridad nacional e infraestructuras clave para el archipiélago, pero por el momento no se ha presentado ningún proyecto de ley al respecto y las negociaciones a nivel nacional están estancadas.
