Tegucigalpa – La presidenta del Poder Judicial de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, emitió un comunicado este lunes en respuesta a la reciente condena del Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionada con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.
A través de su cuenta en la red social «X», Obando destacó la relevancia de la decisión de la Corte IDH como un hito significativo para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras. Expresó su total disposición y compromiso para asegurar el cumplimiento cabal de la sentencia por parte del Estado hondureño.
La titular del Poder Judicial reafirmó su compromiso de continuar adelante con la misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en conformidad con los compromisos internacionales del país.
En sus palabras, Obando señaló: “El Poder Judicial de Honduras, ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma, en lo que respecta a este Poder del Estado”.
Además, enfatizó: “Recalcamos que esta sentencia es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la Institucionalidad democrática. Seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales”.
La destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira por parte de 97 diputados del Congreso Nacional en diciembre de 2012 fue declarada como arbitraria por la Corte IDH, que determinó que se violaron los derechos humanos de los magistrados.
La sentencia de la Corte IDH obliga al Estado de Honduras a reparar el daño causado a los magistrados destituidos, lo que incluye la restitución de sus derechos políticos y la reintegración a sus cargos, o bien, el pago de una indemnización.
