Tegucigalpa – Un juez de letras ha dictado la medida de detención judicial para el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, junto con tres exfuncionarios más de esta institución, tras una audiencia de declaración de imputado celebrada en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
Los otros tres imputados son Santiago Reyes, exsecretario general; Douglas Javier Murillo, jefe de auditores; y Karen Martínez, directora legal. Todos ellos enfrentan acusaciones por presunta participación en el delito de tráfico de influencias, que habría tenido un impacto negativo en la administración pública.
La audiencia inicial está programada para el jueves 4 de abril a las 9:00 de la mañana, momento en el que se espera que los acusados sean presentados ante el tribunal para abordar formalmente los cargos en su contra.
Se prevé que los imputados sean trasladados a la Penitenciaría Nacional de Tamara, con Karen Martínez siendo asignada a la cárcel de mujeres. Cabe destacar que otro exmagistrado del TSC, José Juan Pineda Varela, también está implicado en este caso y actualmente se encuentra prófugo.
Según las investigaciones, la denuncia anónima recibida por el Ministerio Público en noviembre de 2023 reveló actividades ilícitas dentro del departamento de auditorías del TSC, específicamente relacionadas con la destrucción y ocultamiento de documentos por órdenes superiores.
Los documentos en cuestión estarían vinculados a finiquitos emitidos por algunas municipalidades. Durante la investigación, fiscales y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confiscaron informes, pliegos de responsabilidad y videos de cámaras de seguridad, así como testimonios de empleados que fueron coaccionados para alterar auditorías municipales.
El Ministerio Público ha destacado que estas acciones revelan cómo operan las redes de empleados dentro del TSC, aprovechándose de sus posiciones para influir en sus subordinados y emitir resoluciones contrarias a la ley con el fin de favorecer a terceros. Este caso subraya la importancia de combatir la corrupción y garantizar la integridad de las instituciones públicas en Honduras.
