A punto de cumplirse seis meses de su llegada al poder, el Gobierno de Tusk ha logrado victorias como el desbloqueo de los fondos europeos, pero se ha enfrentado a obstáculos difíciles de salvar y momentos polémicos.
Por El País
La experiencia de Polonia es una advertencia para una UE con la ultraderecha en auge en las encuestas. Después de ocho años de Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) que socavó el Estado de derecho, el Ejecutivo liberal de Donald Tusk —una coalición de partidos de centroderecha con una minoría progresista— se enfrenta a grandes retos para restaurar la salud democrática. Han sido casi seis meses desde que llegó al poder, que ya suman victorias, pero que también han estado sembrados de obstáculos, polémicas y desafíos.
Radoslaw Markowski, director del Centro para el Estudio de la Democracia de la Universidad SWPS de Varsovia, define el proceso como una “batalla cuesta arriba” que se enfrenta al “sabotaje continuo” del presidente, Andrzej Duda (miembro de PiS hasta que asumió el cargo). La tarea principal para desmantelar “el régimen de clientelismo autoritario”, como define las legislaturas ultraconservadoras entre 2015 y 2023, es recomponer el Estado de derecho.
El arquitecto de esa gran reconstrucción es el ministro de Justicia, el jurista y ex Defensor del Pueblo Adam Bodnar. En conversación con EL PAÍS, coincide en que uno de sus principales obstáculos es que no cuentan con la mayoría parlamentaria de tres quintos necesaria para revertir el veto del presidente, que Duda ejerce con frecuencia. El ministro señala que algunas leyes tendrán que aguardar a un presidente más amigable, espera que tras las elecciones de 2025. “Empleamos métodos no legislativos, pero tenemos posibilidades limitadas de hacer las cosas de forma integral”, resume Bodnar.
El antiguo Gobierno controlado por Jaroslaw Kaczinsky “asaltó” la justicia “desde el mismo instante en que llegó al poder”, asegura Markowski. Los críticos denuncian que colocó a personas afines en el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS, en sus siglas en polaco), el órgano de Gobierno de los jueces, que pasó a ser elegido por políticos en lugar de por los jueces. Tobiasz Bochenski, candidato de PiS en las elecciones europeas y doctor en Derecho, asegura, sin embargo, que la reforma judicial de su partido se inspiró en países como Alemania y España. El diputado sostiene que estaba pensada para mejorar la eficacia del sistema y reformar la carrera judicial, en manos “de una oligarquía”.
Los cambios que impulsó el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, incluyendo el sistema disciplinario de los jueces, comprometieron la independencia judicial, según la Comisión Europea, y le costó al país la suspensión de 59.800 millones de euros de los fondos de recuperación. También el inicio, junto a Hungría, del procedimiento que puede retirar el derecho de voto en el Consejo.
“Victoria” en Europa
Bodnar, con un plan de acción y un compromiso firme de reformas, ha conseguido que el dinero haya empezado a fluir hacia Varsovia y que la Comisión haya cerrado definitivamente esta semana el procedimiento del artículo 7. “Una gran victoria”, según Jakub Jaraczewski, director de investigación del centro de pensamiento Democracy Reporting International, porque lo ha logrado después de introducir “algunas mejoras en el Estado de derecho, pero sin grandes reformas”. Como otros analistas, el experto cree que la decisión de la Comisión, más basada en promesas que en hechos, tiene motivación política.
Tusk ganó las elecciones prometiendo mano dura contra sus antecesores y una limpieza profunda para recuperar las instituciones controladas por PiS. Más allá de las reflexiones sobre el doble rasero de la Comisión o el deseo de venganza de una parte de la sociedad y la política, algunos juristas denunciaron que los primeros movimientos del Gobierno se realizaron al borde de la legalidad y en algún caso, infringiendo la ley. El más claro ocurrió pocos días después de su investidura, con el primer intento de tomar los medios de comunicación públicos, acompañado de escenas esperpénticas como sentadas de políticos de PiS en las sedes de esos medios. Tras esos días convulsos, la televisión pública ha cambiado la programación propagandística que difundía cultura del odio para emitir informativos menos partidistas. La opinión generalizada es que ahora son muy aburridos.
La controversia se ha trasladado ahora a la comunidad jurídica, a cuenta de la reforma del poder judicial. El gran embrollo es qué hacer con los más de 2.500 jueces —y sus sentencias— que nombró el Consejo Nacional de la Judicatura durante la época de PiS, teniendo en cuenta que muchas designaciones y ascensos tuvieron motivaciones políticas. Las principales asociaciones de jueces quieren ver a esos magistrados, conocidos como neojueces, destituidos y sin posibilidad de participar en las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Otras organizaciones, como la de Jaraczewski, la Fundación Helsinki para los derechos humanos o Amnistía Internacional, creen que debe estudiarse cada caso y defienden, en línea con la Comisión de Venecia, que estos neojueces puedan participar en el KRS. “La tensión y la fricción son significativas”, describe Jaraczewski. Según Bodnar, el Gobierno todavía está reflexionando sobre el tema.
Malgorzata Szuleka, del consejo de la Fundación Helsinki para los derechos humanos, donde en el pasado trabajó Bodnar, reflexiona sobre un fenómeno que empaña también el proceso de vuelta a la normalidad democrática. Como entidad de control del poder, su organización ha criticado al nuevo Gobierno cuando ha dado pasos dudosos. En una sociedad profundamente polarizada que sale de un Ejecutivo con tintes autoritarios, criticar a los liberales está mal visto. Hay incluso un adjetivo con carga despectiva: “Simetrista”. “Nos llaman de todo, incluso ‘frente de defensa de los neojueces”, cuenta Szuleka en su oficina cercana al Parlamento, cuando lo que buscan es que el proceso de restauración del Estado de derecho sea incuestionable.
La ley del poder judicial se encuentra ya en el Senado, a pocos pasos de la firma o el veto de Duda. Otra norma con un futuro aún más incierto es la que pretende reformar el Constitucional, un órgano instrumentalizado por PiS. Como en el Tribunal se sientan tres jueces cuyo nombramiento se considera ilícito, y una presidenta cuyo mandato se cree agotado, el Sejm, la Cámara baja del Parlamento, aprobó una moción que lo despoja de legitimidad. El Gobierno, como reconoce el ministro, ignora las decisiones del Tribunal, que se opone sistemáticamente a toda iniciativa del Ejecutivo.
Freno electoral
A largo plazo, Bodnar espera que los partidos políticos se pongan de acuerdo para hacer un “reseteo constitucional”, pero cree que el momento no ha llegado. La sucesión de elecciones no ayuda. Polonia celebró comicios regionales y locales en marzo y abril y se encuentra sumida en la campaña por las europeas. En el horizonte están las presidenciales de 2025.
Las elecciones, con una coalición muy diversa que se dirige a votantes muy distintos, también han impedido avanzar en otros pilares de las sociedades democráticas consolidadas, como los derechos civiles. Milosz Hodun, presidente de la Fundación Projekt: Polska, describe los Gobiernos de PiS “como tiempos muy oscuros”. Los ultraconservadores cortaron los fondos y al acceso a la Administración a las ONG y organizaciones de defensa del derecho al aborto, de los migrantes, los refugiados, la comunidad LGTBI, etc., y crearon una red alternativa. “Aprendimos a ser independientes y algunas se volvieron más activas que nunca”, explica en su despacho del centro de Varsovia.
“PiS no cambió muchas leyes, pero creó un ambiente de odio hacia las personas LGTBI, los activistas, los jueces, los fiscales…”, explica Hodun. Ahora hay incluso ministras de Sociedad Civil y de Igualdad. Otra cosa es que el socio más conservador del Gobierno, la coalición Tercera Vía, esté ralentizando leyes muy esperadas, como la legalización del aborto o el matrimonio igualitario, que se quedará en uniones civiles. “Los conflictos internos son muy visibles”, señala el analista, que reconoce que la ilusión que generó la victoria de los liberales se está disipando porque mucha gente está impaciente porque los cambios no llegan.
Szuleka no tenía grandes expectativas en el ámbito de los derechos humanos, aunque reconoce que ha cambiado la retórica, “lo cual es liberador después de ocho años de ser considerado un agente de Soros”. En cuanto al Estado de derecho, su otro ámbito de acción, afirma que ella estaba entre quienes pensaban que el proceso iba a ser “largo, enrevesado y doloroso”. “Hemos abierto un nuevo capítulo de una gran crisis, que continúa”.
