Tegucigalpa — El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha exhortado al Estado de Honduras a implementar medidas efectivas que garanticen la protección y seguridad de los defensores de los pueblos indígenas, del territorio y del medio ambiente.
Esta solicitud surge en respuesta a la creciente violencia y criminalización que enfrentan quienes luchan por la defensa de la tierra y los ecosistemas en el país.
En los últimos años, la situación se ha vuelto alarmante. Desde 2022 hasta la fecha, más de 30 defensores de los pueblos originarios y del medio ambiente han perdido la vida de manera violenta. Esta escalada de agresiones no solo afecta a los activistas, sino también a sus familias, generando un clima de temor e incertidumbre.
El Conadeh respaldó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su último informe señaló a Honduras como uno de los países más peligrosos del continente y del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Los activistas enfrentan una «situación de extremo riesgo debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas».
El reciente asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, ha intensificado las demandas de justicia y protección. El Conadeh ha pedido una investigación oportuna, independiente e imparcial, que cumpla con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La violencia se concentra principalmente en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, donde se registra alrededor del 79% de los casos. Durante el período de 2022 a 2024, una decena de departamentos han sido escenario de estos crímenes, reflejando una problemática que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
El Estado hondureño es responsable de la muerte violenta de activistas ambientales
La responsabilidad del Estado hondureño en la protección de los defensores ha sido reconocida en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Uno de los casos emblemáticos es el de Blanca Jeannette Kawas, presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), quien fue asesinada en 1995. La Corte IDH condenó al Estado de Honduras por violación de derechos humanos en este caso.
Otro caso significativo es el de Carlos Escaleras, reconocido defensor del medio ambiente y los derechos humanos, asesinado en 1997 en Tocoa, Colón. En 2014, la Corte IDH concluyó que el Estado hondureño era responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de asociación y derechos políticos en perjuicio de Escaleras.
Asimismo, en 1998, Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, fue asesinado tras salir de una reunión municipal. En 2013, el Estado de Honduras, en cumplimiento de la sentencia de la CIDH, pidió perdón a los familiares del ambientalista, reconociendo su responsabilidad.
Estos precedentes judiciales ponen de manifiesto la urgencia de que el Estado hondureño adopte medidas concretas para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y ambientalistas. Organizaciones nacionales e internacionales continúan demandando acciones efectivas que eviten la impunidad y protejan la integridad de quienes luchan por causas sociales y ambientales.
El Conadeh insiste en que es fundamental que las investigaciones se realicen con debida diligencia y que se adopten medidas sustanciales para prevenir futuros actos de violencia. La protección de los defensores no solo es un deber del Estado, sino también una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Honduras.
