Tegucigalpa – Por mayoría de votos, la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Honduras decidió transferir el requerimiento fiscal contra el exalcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta decisión anula todas las diligencias realizadas desde la primera audiencia, celebrada el 21 de octubre.
Esta resolución también afecta a la diputada del PARLACEN, Nilvia Castillo, y a otros seis acusados, quienes ahora deberán ser procesados por la CSJ. Los magistrados de la Corte de Apelaciones determinaron que, debido al estatus de Castillo como diputada del PARLACEN, es necesario un procedimiento especial para altos funcionarios, lo que justifica que el caso sea manejado por la CSJ, en conformidad con la supremacía constitucional.
La resolución ordena al Juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción que se abstenga de continuar conociendo el caso y remita los antecedentes a la Corte Suprema. Además, se declaró la nulidad de las actuaciones realizadas desde la Audiencia de Declaración de Imputado, incluyendo la resolución emitida el 21 de octubre de 2024.
El abogado defensor de Nasry Asfura, Dagoberto Aspra, expresó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) su satisfacción con la decisión: «Nuestro equipo de defensa siempre pone a Dios por delante en nuestras actuaciones, todo se lo debemos a Dios que es justo y fiel, Corte de Apelaciones declara que juzgado de letras es incompetente y remite a la Corte Suprema de Justicia por ser la competente de conocer la causa».
La Corte Suprema de Justicia también informó sobre la resolución a través de su portal oficial, señalando que la Corte de Apelaciones ha remitido el requerimiento fiscal de Asfura y otros acusados a la CSJ por razones de competencia.
Nasry Asfura, conocido por su liderazgo en el movimiento político nacionalista «Papi a la Orden», se presentó voluntariamente tras la denuncia promovida por el fiscal Luis Javier Santos, indicando que se trata de un caso que ya había sido tratado en tribunales, sin encontrar evidencias de delitos penales.
Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) había determinado que el caso no presentaba ninguna causa penal, solo una falta administrativa que fue subsanada por Asfura mediante el pago correspondiente.
El hecho de que el caso haya sido conocido en dos ocasiones ha llevado a la defensa a señalar que podría tratarse de una persecución política, mencionando que el Fiscal General Johel Zelaya hizo pública la denuncia en una cadena de radio y televisión, vulnerando la presunción de inocencia de los acusados.
