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No existen mecanismos legales para disolver el Congreso Nacional advierte diputada Espinoza

"Para que exista una disolución del Congreso Nacional, se necesitaría un acto arbitrario o de fuerza que solo podría provenir de las Fuerzas Armadas, lo cual equivaldría a un golpe de Estado", explicó la diputada.

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Tegucigalpa – La legisladora y precandidata presidencial liberal Maribel Espinoza alertó este viernes sobre la imposibilidad constitucional de disolver el Congreso Nacional, en respuesta a rumores que sugieren intenciones del gobierno de desmantelar el poder legislativo aprovechando las recientes acciones del Ministerio Público.

En una serie de declaraciones publicadas en la red social X, Espinoza detalló que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas tienen autoridad para intervenir por la fuerza en las instalaciones del Congreso.

Sin embargo, aclaró que los fiscales, junto con sus agentes de investigación, sí tienen facultades legales para acceder a todas las oficinas públicas y secuestrar documentos relacionados con sus investigaciones.

«Para que exista una disolución del Congreso Nacional, se necesitaría un acto arbitrario o de fuerza que solo podría provenir de las Fuerzas Armadas, lo cual equivaldría a un golpe de Estado», explicó la diputada.

La legisladora enfatizó que el actual proceso judicial contra algunos diputados, incluyendo al presidente del Congreso, no constituye una causa válida para la disolución del poder legislativo, ya que este es un órgano decisorio colectivo representado por el pleno.

Espinoza expresó su preocupación por las posibles consecuencias de tales acciones: «Me niego a creer que quieran hacer semejante cosa porque destruirían completamente al país al mejor estilo de Venezuela y Nicaragua, y serían repudiados por la comunidad internacional democrática», advirtió.

La diputada concluyó recordando que cualquier intento de atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de gobierno está prohibido constitucionalmente y podría acarrear graves consecuencias penales para sus promotores.

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